JEP dicta sentencia restaurativa al exsecretariado de las Farc por secuestros y otros crímenes

Este martes 16 de septiembre se dio un hecho histórico. La Jurisdicción Especial para la Paz sancionó al exsecretariado de las Farc por secuestros y otros crímenes, tales como homicidio, tortura, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual, desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad, entre otros.

La sanción es restaurativa por ocho años contra los siete exintegrantes del secretariado de las extintas Farc: Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

¿Quiénes son los siete exmiembros del secretariado?

De acuerdo con el Acuerdo de Paz firmado en 2016, los exmiembros del secretariado recibieron sanciones restaurativas. Esto, tras comprometerse a la dejación de armas, aportar a la verdad y reconocer su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad.

Además, desde hace ocho años (partiendo de la firma del acuerdo), los exFarc han realizado actividades y trabajos que han servido para la reparación de las víctimas.

Con esta decisión, ellos tendrán restricciones, tales como en la movilidad, residencia y trabajo. Asimismo, deberán cumplir con horarios, quedarse en sitios establecidos y estar monitoreados constantemente.

El aporte a la verdad no culmina acá. La sentencia también es clara en decir que deberán seguir dando información sobre lo ocurrido en el conflicto armado.

Según la JEP, estos delitos fueron cometidos bajo una política criminal que se basó en tres aspectos: financiar a las Farc, presionar al Estado para el intercambio de prisioneros y ejercer control social o territorial.

¿Qué vendrá para los próximos ocho años?

La sentencia es de ocho años, conforme a lo estipulado como sanción máxima en el Acuerdo de Paz para los comparecientes que acepten su responsabilidad y aporten a la verdad.

Ahora bien, el incumplimiento de la sentencia implicará en la pérdida de los beneficios. Durante esos ocho años, los exFarc deberán trabajar en cuatro asuntos: contribuir en la búsqueda de desaparecidos, hacer parte del proyecto de acción integral contra minas antipersonal, reparar daños en el medio ambiente y territorio; y contribuir en la memoria y reparación simbólica.

“La justicia que hoy se pronuncia nos obligó a retirar, una a una, las capas de silencio, de miedo y de negación que cubrían la verdad. Y aunque duele, ese dolor se convirtió en el tratamiento que elegimos para que sane la herida”, sostuvo el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli.

En el lapso de ese tiempo, la JEP vigilará cómo avanzan los procedimientos. De igual forma, el Gobierno será responsable de garantizar los recursos y condiciones para que los exFarc puedan cumplir con la sanción.