Servicio de aseo en Cali enfrenta millonario riesgo patrimonial, advirtió la Contraloría
La disputa jurídica por la titularidad del catastro de usuarios y las bases de datos del servicio de aseo encendió las alarmas de la Contraloría.
Noticias RCN
09:38 a. m.
La Contraloría lanzó una advertencia preventiva sobre la situación que enfrenta actualmente el modelo de prestación del servicio público de aseo en Cali, al considerar que existen riesgos patrimoniales, jurídicos y operativos que podrían comprometer la estabilidad del sistema.
El organismo de control dirigió la alerta al Distrito Especial de Santiago de Cali, EMSIRVA E.S.P., EMCALI, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando la adopción de medidas urgentes para evitar posibles afectaciones en la continuidad del servicio.
Uno de los puntos que más preocupa a la Contraloría es la incertidumbre jurídica alrededor de la titularidad del catastro de usuarios y de las bases de datos comerciales y operativas asociadas al servicio de aseo, cuyo valor estaría estimado en cerca de $800 mil millones.
La disputa por el catastro de usuarios del servicio de aseo en Cali
El valor económico de estos activos se soporta en una consultoría elaborada por Bonus Banca de Inversión S.A.S., contratada por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para determinar el mercado y los activos estratégicos de EMSIRVA, empresa que actualmente se encuentra intervenida y en proceso de liquidación.
Según explicó la Contraloría, existen diferencias entre EMSIRVA y los operadores del servicio frente a las normas expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El conflicto se concentra especialmente en las cláusulas de reversión establecidas en los contratos de operación que durante más de dos décadas permitieron la prestación del servicio mediante sucesivas prórrogas.
Mientras EMSIRVA sostiene que el catastro de usuarios, así como el software y las bases de datos, deben regresar sin costo a la entidad una vez finalizados los contratos, los operadores argumentan que dichos activos les pertenecen debido a que fueron quienes ejecutaron directamente la prestación del servicio.
La definición sobre quién tiene la titularidad jurídica de estos activos deberá ser tomada por un juez o un tribunal de arbitramento.
Contratos vencidos y proceso suspendido
La situación se complejiza porque los contratos de operación culminaron oficialmente el pasado 28 de enero de 2026. A pesar de ello, los operadores continúan prestando el servicio sin que exista, según la Contraloría, un mecanismo contractual claramente definido.
EMSIRVA adelantó desde esa fecha un proceso para seleccionar nuevos operadores, argumentando que los contratos entraban en una etapa de liquidación de cuatro meses, periodo que vence el próximo 28 de mayo de 2026.
Sin embargo, el panorama cambió tras una decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Mediante el Auto Interlocutorio No. 104 del 11 de mayo de 2026, el tribunal suspendió el proceso de selección como medida previa dentro de otro proceso judicial.
Esta situación incrementó la incertidumbre sobre el futuro de la operación del servicio público de aseo en la capital vallecaucana.
Riesgos fiscales, sanitarios y operativos en el servicio de aseo en Cali
La Contraloría también advirtió riesgos relacionados con el manejo de los recursos provenientes del recaudo tarifario del servicio, sobre los cuales EMSIRVA podría tener participación económica.
El órgano de control considera preocupante que la prestación del servicio continúe bajo un escenario de controversias jurídicas y vacíos contractuales, especialmente tratándose de un servicio público esencial para la ciudad.
El contralor señaló que la continuidad de los servicios públicos no puede depender de escenarios marcados por disputas legales o incertidumbre frente a activos estratégicos.
La adecuada protección del patrimonio público y de los derechos de los usuarios exige decisiones oportunas, coordinadas y jurídicamente sólidas.
La advertencia emitida busca que las entidades involucradas adopten medidas articuladas para reducir los riesgos identificados y evitar posibles impactos fiscales, patrimoniales, ambientales, sanitarios, sociales y operativos que puedan afectar a la población caleña.