SIC investiga presuntas irregularidades en contratos de la UNGRD por más de 86.000 millones
De acuerdo con la SIC, encontró evidencias de un esquema de corrupción que habría direccionado al menos seis procesos de selección.
Noticias RCN
03:10 p. m.
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación formal por posibles afectaciones a la libre competencia en varios procesos de contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, adelantados entre 2023 y 2024.
SIC inició investigación por procesos de contratación de la UNGRD
La Delegatura para la Protección de la Competencia formuló pliego de cargos contra exfuncionarios y excontratistas de la entidad, tras encontrar evidencias de un esquema de corrupción que habría direccionado al menos seis procesos de selección.
De acuerdo con la SIC, los contratos bajo la lupa superan los 86.000 millones de pesos y estaban destinados a atender emergencias que afectan a comunidades vulnerables en el país.
Sin embargo, las investigaciones preliminares apuntan a que hubo una coordinación ilegal entre funcionarios de la UNGRD y el empresario Luis Eduardo López Rosero, quien habría postulado diferentes empresas de su propiedad para simular pluralidad de oferentes.
Aunque aparentaban competir, estas compañías actuaban de manera coordinada, presentando propuestas con sobrecostos millonarios.
Según la Superintendencia, parte de esos recursos se utilizaban para pagar sobornos a funcionarios y contratistas de la UNGRD.
Entre los implicados figuran Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, señalados de direccionar los contratos a favor de las firmas vinculadas a López Rosero.
Si la SIC logra comprobar la responsabilidad de los involucrados, podrían imponerse multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de 142.000 millones de pesos.
Las sanciones aplican tanto para personas naturales como para sociedades y terceros que hayan facilitado estas prácticas.
El organismo de control aseguró que esta investigación busca proteger la libre competencia y enviar un mensaje claro contra la corrupción en la contratación estatal, especialmente en procesos que involucran recursos destinados a la atención de emergencias y a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
“Con esta actuación reafirmamos nuestro compromiso de combatir de manera decidida las prácticas anticompetitivas y corruptas que afectan el sistema de compra pública”, destacó la Superintendencia en su comunicado.