La Superservicios denunció que podría haber un saboteo al sistema eléctrico de Air-e

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó posesión el 12 de septiembre de la empresa Air-e y, un día después, realizó una denuncia ante los mandatarios locales, las autoridades y la población.

Se trata de que conocieron que, presuntamente, podría haber un riesgo de sabotaje contra el sistema eléctrico de Atlántico, La Guajira y Magdalena. Esto teniendo en cuenta que Air-e es la empresa encargada de proporcionar el servicio en esas zonas del país.

Estos son los detalles de la alerta de sabotaje en el sistema eléctrico de Air-e, según la Superintendencia de Servicios Públicos

“Se ha recibido información por diferentes canales, que señala que el saboteo se podría dar en el ámbito operacional y administrativo, dejando sin el servicio de energía a los habitantes de la región”, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos en un comunicado que emitió este 13 de septiembre.

En medio de esta coyuntura, le solicitaron a la ciudadanía que estén pendientes de lo que ocurre en sus sectores y que, en caso de que observen que personas no aptas estén manipulando los dispositivos de energía, realicen la denuncia de inmediato para que las autoridades puedan intervenir.

Además, también le sugirieron a las alcaldías y gobernaciones que convoquen un comité para analizar esa situación y diseñar planes para impedir cualquier tipo de sabotaje y, a la vez, tomar acciones disciplinares en contra de las personas que intenten perjudicar el sistema de servicio eléctrico de Air-e.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos volvió a manifestar que el objetivo de la intervención es seguir garantizando un suministro eléctrico de calidad y que, en ese sentido, una de sus prioridades es promover un sistema de respaldo para evitar que los derechos de la ciudadanía lleguen a verse vulnerados.

Las reacciones tras la intervención de Air-e

El 12 de septiembre, unas horas antes de que la Superintendencia de Servicios Públicos materializara la intervención, Air-e manifestó en un comunicado de prensa que los problemas estructurales del mercado habían aumentado los costos de la energía en un 500 por ciento y que, en consecuencia, su operación se estaba tornando insostenible.

A partir de ese argumento, compartieron el punto de vista de la Superservicios y señalaron que lo que se busca es “proteger los intereses de los usuarios y estabilizar la prestación del servicio en la región Caribe”.

Sin embargo, la Contraloría no estuvo de acuerdo con esa decisión y explicó que, en caso de que se realice otra intervención, podría costarle al Estado hasta 4 billones de pesos al año. Asimismo, que si no se cumplen con los pagos acordados con los prestadores de servicios, podría perjudicarse no solo el servicio eléctrico, sino que también el de gas.