Transparencia Internacional denuncia "preocupante concentración del poder en Colombia"

Transparencia Internacional y su capítulo en Colombia Transparencia por Colombia manifestaron su preocupación por lo que llaman “la creciente concentración del poder en el Presidente de la República”.

En su comunicado, la organización hace evidente su preocupación por el aumento del poder Ejecutivo en el país y asegura que una de las razones es la cercanía del Gobierno Nacional a la mayoría del Congreso.

La denuncia deja constancia, además, de cómo durante lo corrido del año se ha debilitado la autonomía de los órganos que deben ejercer control sobre el Ejecutivo, ya que se han elegido personas cercanas al gobierno para dirigir la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo lo que, de acuerdo con el organismo, genera “un grave riesgo de afectar la independencia que deben tener dichos órganos externos de control”.

Además, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, asegura que “durante la atención a la pandemia ya se han evidenciado irregularidades en el uso de recursos públicos y se han tomado decisiones cuestionables sobre la ayuda directa a grandes empresas”. 

Sobre este último punto también se había pronunciado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en su informe ‘La transparencia en el uso de los recursos para atender la emergencia' publicado en junio de este año. En él, el Observatorio se dio a la tarea de seguirle la pista a los gastos reportados por el Gobierno Nacional de Colombia en la emergencia por la pandemia del covid-19. En este análisis se encontraron indicios de un gasto mucho menor que el que había anunciado el gobierno de Iván Duque.

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Si bien el Gobierno Nacional afirmó haber puesto a disposición de la atención a la pandemia más de 117 billones de pesos, es decir más de $2 millones por colombiano o el 11% del PIB, a luz de las fuentes oficiales de consulta pública revisadas por la Universidad Javeriana en realidad el 6% del PIB son garantías de créditos, no recursos gastados en atención a la emergencia.

De acuerdo con el Observatorio “la principal fuente de recursos que verdaderamente puede constituir un gasto son los que están centralizados en el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, que asciende al 2,4% del PIB”. De igual manera señalan que “es distinto tener recursos a la mano para cuando se necesiten, que es en lo que consiste el FOME, que realmente gastarlos en la emergencia”. Así, el informe reporta que se encontró que la totalidad de los contratos firmados por el Ministerio de Hacienda y otras entidades es de apenas $2,7 billones, es decir el 0,25% del PIB.

Además, se destaca la preocupación por la ausencia de a un plan de gasto detallado para la respuesta a la pandemia que pueda ser conocido por el público, lo que entre otras cosas incumple con el espíritu de la Ley de transparencia (Ley 1712 de 2014).

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Según los decretos presidenciales, donde se han desarrollado los marcos legislativos de las políticas implementadas el FOME cuenta con $25,5 billones, mientras que, en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la sección relacionada con la coyuntura, se expone que el FOME cuenta con $25,6 billones de pesos. Esto nos deja una diferencia de $0,1 billones.

“Esta magnitud, de $100 mil millones de pesos, no es una cantidad trivial de dinero: por ejemplo, alcanza más o menos para financiar un giro adicional a los beneficiarios de Colombia Mayor como los que se han venido realizando durante la pandemia”, asegura el estudio. 

El observatorio fiscal concluyó en su momento que “no hay transparencia en el uso de los recursos públicos dispuestos durante la coyuntura. Por un lado, no hay certeza de la magnitud de los recursos dispuestos ni de sus fuentes de financiación y, por otro lado, no hay certeza de cuales han sido los gastos efectivamente realizados”.