Transporte público: un escenario de la violencia sexual en Colombia

Los casos de acoso sexual en sistemas de transporte público y plataformas son cada vez más frecuentes, por lo que se convierten en una difícil problemática para la cual parecen existir pocas soluciones en Bogotá y el resto del país.

Insinuaciones sexuales, tocamientos atrevidos y sin consenso, expresiones soeces escondidas tras el discurso del “piropo” e, incluso, actos violentos para reducir a las víctimas, se vuelven parte del diario vivir de las mujeres y de las organizaciones que trabajan por visibilizar y proteger los derechos de quienes se enfrentan a este tipo de situaciones.

Cada día, los espacios públicos del país se convierten en puntos de riesgo para las mujeres que transitan solas, en horas de la noche y en condiciones de vulnerabilidad. A esto se han sumado los servicios de transporte por aplicación, que normalmente son solicitados como una alternativa al sistema masivo.

Estas denuncias, que usualmente se dan a conocer mediante las redes sociales, son apenas una parte de lo complejo que resulta el panorama de la violencia sexual en Colombia, en donde parecen ser escasas las medidas de las autoridades en términos de atención y prevención.

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A esto se suma la pobre respuesta por parte de las empresas, que se limitan a ofrecer bonos y descuentos para “apaciguar” el trago amargo de quienes son víctimas de conductores inescrupulosos y abusivos. Un problema que parece ir más allá, pues se sitúa justo en medio de la falta de regulación del Estado frente a las aplicaciones de transporte, consideradas como “ilegales” pero cada vez más populares entre los usuarios.

Un ejemplo de este panorama es la reciente denuncia hecha a través de Instagram, en la que se evidenció el acoso del cual fue víctima una joven que tuvo que saltar de un auto en movimiento para huir del conductor que la acosaba. En respuesta, la plataforma encargada del servicio y a la cual está vinculado el sujeto, ofreció un bono de descuento a la mujer como parte de un “programa de lealtad”.

Otro caso, esta vez en sistema Transmilenio, en Bogotá, se destapó cuando una usuaria identificó al hombre que usaba una cámara pegada en el zapato para grabar a mujeres con falda que subían a los buses.

Violencia sexual en Colombia

El alarmante panorama del acoso en el país es cada día más evidente y lo que lo hace más preocupante es el escaso registro de estos casos ante las autoridades competentes, pues en ocasiones, cuando no existe una agresión física contundente, es difícil para las víctimas recibir la atención y la prioridad a la hora de interponer las denuncia.

En lo que va corrido del 2022, la Policía ha realizado 55 capturas por injurias por vías de hecho, que es el término mediante el cual se tipifican los casos en los existen denuncias por tocamientos indebidos en el transporte público o violencias mediante actos obscenos.

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Según el observatorio de la Secretaría de Salud de Bogotá, entre el 2012 y el 2020 se registraron 51.453 casos de violencia sexual. Ese último año, la tasa estuvo representada en 91,5 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se determinó que el 83,7% de las víctimas fueron mujeres y el 16% hombres, demostrando así una relación cuatro a uno, o sea que hubo cuatro mujeres vulneradas por cada hombre agredido.

Por su parte, Sisma Mujer registró durante el 2021 un aumento en la relación de estos hechos, pues cerca de siete mujeres fueron agredidas sexualmente por cada hombre violentado, demostrando así un aumento del 21,1% de estos casos en relación con el 2020.

Asimismo, en 807 de los casos denunciados durante el 2021, se determinó que el agresor era una persona desconocida a las víctimas.

Tal vez lo más preocupante de estos casos es la incidencia que tienen sobre mujeres, niñas y adolescentes que, tras acceder a la justicia para interponer las denuncias, quedan en el limbo de la impunidad por falta de pruebas o de voluntad de los órganos pertinentes para su esclarecimiento.

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Aunque la pena por casos tipificados como injurias por vías de hecho puede estar entre los 16 y 56 meses de prisión, datos recopilados por Sisma Mujer revelaron también que, de los 24.180 casos denunciados por mujeres como delitos sexuales ante la Fiscalía General de la Nación, apenas el 6,85% llegaron a etapa de juicio, el 4,34% a investigación y el 0,13% a una ejecución de penas.

Es así como se explica que los delitos sexuales, entendidos desde la violencia basada en género como una manifestación del poder desigual entre hombres y mujeres, afecta mayoritariamente a mujeres, niñas y adolescentes en espacios públicos y privados.