Traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota desata debate jurídico por protección de testigos
El traslado ya fue ejecutado y ambos implicados quedaron recluidos en el complejo penitenciario del sur de la capital.
Noticias RCN
08:47 p. m.
La decisión del Gobierno y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de trasladar a la cárcel La Picota de Bogotá a Olmedo López y Sneyder Pinilla, considerados piezas clave y testigos en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), abrió una nueva controversia jurídica sobre los alcances de las decisiones administrativas frente a órdenes judiciales que advertían riesgos para su seguridad.
El traslado ya fue ejecutado y ambos implicados quedaron recluidos en el complejo penitenciario del sur de la capital. Sin embargo, sus defensas presentaron acciones de tutela con el propósito de revertir la medida, argumentando que en dos oportunidades jueces de la República habían advertido un riesgo extremo para la vida e integridad de los procesados debido a su colaboración con la justicia en el caso.
Choque entre decisiones administrativas y órdenes judiciales
La controversia ha generado posiciones encontradas entre expertos en derecho penal y constitucional. Para Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la colaboración con las autoridades no debe traducirse en beneficios especiales respecto al lugar de reclusión.
“El hecho de haber colaborado con la justicia es para que le rebajen la pena, no para que tengan una posición de privilegio pagando la pena en una guarnición militar”, afirmó en declaraciones a Noticias RCN.
Por su parte, el abogado penalista y docente Francisco Bernate sostuvo que corresponde a la justicia determinar si una decisión administrativa puede estar contrariando órdenes judiciales previas.
“Para que sea un funcionario judicial quien determine hasta qué punto una decisión administrativa puede contrariar una orden judicial”, señaló.
En contraste, las defensas de los exfuncionarios insisten en que el traslado podría poner en riesgo a quienes han entregado información clave sobre la presunta red de corrupción en la UNGRD.
Defensa advierte riesgo para la vida e integridad
El abogado de Sneyder Pinilla, Luis Gustavo Moreno, cuestionó que su defendido haya sido enviado al mismo centro de reclusión donde permanecen otros procesados mencionados en sus declaraciones ante la justicia.
“Recluirlo donde están los demás implicados, de los cuales él tendrá que declarar, como el señor Manzur, el señor Calle, el señor Name, entre otros, es absurdo, es insólito. Es dejar desprotegido al testigo y a la verdad”, manifestó.
A su vez, la abogada penalista y docente Sharon Nicole Castillo explicó que los jueces de ejecución de penas tienen facultades para intervenir cuando una medida puede comprometer derechos fundamentales.
“Si el traslado compromete derechos fundamentales como lo es la vida o la integridad, el juez de ejecución de penas claramente puede intervenir. Por eso no se trata de definir quién manda más”, indicó.
Ahora, la última palabra la tendrán los jueces de tutela, quienes deberán establecer si la decisión administrativa adoptada por el INPEC tiene la capacidad de dejar sin efecto las medidas judiciales que previamente habían advertido sobre los riesgos para la seguridad de Olmedo López y Sneyder Pinilla, ambos vinculados al escándalo de corrupción de la UNGRD.