Tribunal ordena a la UNP reestablecer las medidas de protección de Angie Rodríguez

En respuesta a la impugnación que interpuso la exdirectora del DAPRE y el Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, contra un fallo de tutela que perdió en primera instancia, el Tribunal de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer las medidas de seguridad de las que era objeto y que, en un término de 48 horas, realice:

“Un nuevo estudio de seguridad a la señora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo teniendo en consideración que actualmente no se desempeña en el cargo de Gerente del Fondo de Adaptación y establezca las medidas de protección que requiera conforme a ese nuevo estudio de seguridad”.

Las amenazas en contra de Rodríguez:

Siendo directora del Fondo de Adaptación, la UNP emitió una Resolución en la que reconocía formalmente a Rodríguez como una solicitante en nivel de riesgo extraordinario.

En noviembre de 2025, la casa de sus padres habría sufrido un asalto en el que lograron hurtar documentos de su hijo menor. Además, fue víctima de extorsión entre febrero y abril de 2026, llegando a pagar hasta 20 millones de pesos, y en mayo de ese mismo año, un examen advirtió la presencia de plomo y benzodiazepínicos en su organismo; lo que la habría motivado a interponer una denuncia por tentativa de homicidio.

Pero no es todo. Tras denunciar en diálogo con Noticias RCN el supuesto plan de transferir un billón de pesos de su entidad a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para realizar contrataciones exprés en los últimos días del Gobierno Petro, Rodríguez habría empezado a recibir amenazas de bandas delincuenciales, como expuso ante la Comisión de Acusaciones, a finales de julio (2026).

¿Protección deficiente e ineficaz?

Como directora del Fondo de Adaptación, Rodríguez recibió un esquema de la UNP que incluía un vehículo blindado, dos escoltas y chaleco antibalas. Sin embargo, el tribunal expuso en su fallo que la protección brindada resultaba entonces y ahora:

“Deficiente e ineficaz” y advirtió que “la UNP ha incurrido en fallas técnicas como la entrega de un chaleco de talla inadecuada (talla M en vez de XS), la negativa de apoyos logísticos para desplazarse a zonas de alto riesgo (Montería y La Mojana) y respuestas de carácter puramente procedimental frente a sus peticiones formales de fortalecimiento del esquema”.

Además, indicó que “se configura un perjuicio irremediable inminente debido a que el esquema de seguridad actual no depende del programa propio de la UNP sino que está atado a la vinculación laboral de la accionante con el Fondo Adaptación”, a pesar de su vigencia de 12 meses, que iniciaron en abril de 2026.