Un Congreso sin mucho contrapeso debe brindar garantías

El Congreso que se posesiona este 20 de julio no parece tener lo necesario para cumplir con una de las funciones fundamentales de los senadores y representantes; el control político. Una de las garantías sine qua non de las democracias y las democracias liberales es la carga equilibrada de poderes. Que en la balanza el ejecutivo no logre pesar más que el legislativo y el judicial, y que la prensa sea una acuciosa, rigurosa y atenta a cualquier exceso de los poderes anteriores. 

Luego de la declaratoria del Partido de La U como coalición de gobierno, es claro que el presidente electo, Gustavo Petro, tendrá las mayorías suficientes para aprobar las reformas que se ha propuesto. Estas le dan un vuelco total al actual estado de las cosas en el país. La reforma tributaria con la meta de 50 billones de pesos será una de las discusiones fiscales más difíciles de los últimos años, superando probablemente la propuesta por el exministro Carrasquilla, que tuvo justamente en el Congreso una oposición muy dura, a pesar de que los análisis de los expertos y técnicos sugerían que era lo que había que hacer.

Una ampliación de la base gravable a quienes pueden pagar en la clase media, algunos impuestos a productos que no correspondían a la canasta básica alimenticia, como se dijo, sino a la canasta que consume la clase media y la clase media alta, y una nueva configuración de los impuestos a las empresas para equilibrar las cargas de 70 vs 30, que es como hoy se estructuran los impuestos pagados por las compañías y los pagados por los ciudadanos.

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Aunque hubo errores de comunicación y quizás algunas propuestas de la reforma que podrían haberse corregido, la oposición al gobierno del presidente Duque no perdonó oportunidad para reivindicar un discurso que atizó el sentimiento de indignación por las dificultades generadas en la pandemia. Un país que incrementó su deuda, sus cifras de desempleo especialmente en los jóvenes y mujeres, y que redujo sus ingresos y sus actividades comerciales, salió a las calles para demandar atención y reclamar derechos. Y la oposición hizo su trabajo. Pronto la consecuencia fue una ola de violencia de ambas partes como pocas veces se había visto en el país.

Al presidente Duque también le cobraron en el Congreso los escándalos de Centros Poblados, y hubo un debate de control político casi que por cada operación de las fuerzas militares sobre campamentos de las disidencias y los grupos armados ilegales, por la pérdida de vidas de menores reclutados, en la mayoría de los casos.

El primer año del Presidente Duque se gastó en las objeciones a la JEP, que abrieron de nuevo las heridas de la polarización y comprometieron a la oposición a la defensa del acuerdo que el expresidente Santos firmó con las FARC. Año tras año en esta administración la oposición legislativa fue mucho más allá de garantizar el equilibrio. Por ahí pasaron noticias falsas, descontextualización, y cuestionamientos injustos, así como demandas de respuestas serias y debates preparados para exigirle al gobierno soluciones ante problemas y políticas públicas desarrolladas por el ejecutivo.

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De acuerdo al mapa actual del Congreso, la época de un legislativo listo en primera línea para hacer oposición a casi que cualquier ánimo de reforma del gobierno central, ya pasó. Por el contrario, las cargas de los congresistas con dos partidos relevantes en cifras de parlamentarios como La U y los liberales, hacen pensar que el gobierno electo tendrá carta blanca para las propuestas de reformas estructurales al sistema económico, laboral, de pensiones, rural y de salud que tiene el país, aún con muchos rezagos y problemas por corregir, pero que a la final ha permitido lograr crecimiento y avanzar casi que en todas las cifras de medición y en medio de una catástrofe mundial como la pandemia.

La cobertura del sistema de salud en servicios médicos es de más del 90 % con buenos resultados en tratamiento de cáncer; la cifra de crecimiento económico de Colombia podría ser de más del 5 % este año, según estimaciones de calificadoras de riesgo; y el desempleo desatado por la pandemia viene reduciéndose en la cifra global. 

Las reformas del programa de Gobierno del presidente electo deberían ser estudiadas con absoluta rigurosidad y con base en el ejemplo de casos internacionales que ya intentaron esos modelos. Un planteamiento para que los flujos de las cotizaciones de pensiones en los fondos privados hasta por 4 salarios mínimos mensuales pasen a Colpensiones, lo que representa el 94 % de los flujos totales, debería ser debatido y analizado con máxima atención; una reforma que pretende reducir en cerca de 14 millones las hectáreas de ganadería extensiva con el propósito de ofrecer tres alternativas cerradas a los latifundistas propietarios y entregar tierra a campesinos que la necesitan, pero sin tener muchas explicaciones sobre insumos, maquinarias y plusvalía de los productos, debería ser cuidadosamente revisada por todos los aforados; una reforma al sistema de salud que habla de modificar la intermediación de los privados en uno de los sistemas de salud con más cobertura del mundo y con altos porcentajes de acceso, debería estar en la lupa de senadores y representantes; una reforma tributaria que habla de cárcel, de la posibilidad de impuestos al patrimonio, los dividendos y a bebidas azucaradas, debería tener suma cautela.

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Eso no parece que vaya a suceder. Hay 64 senadores de gobierno a falta de la declaración del Partido Conservador, que se ha mostrado deferente con el presidente electo, y de Cambio Radical, que ha tenido un liderazgo en el ex vicepresidente Vargas Lleras muy duro con el presidente Duque y muy blando con el programa del próximo jefe de Estado. Eso significa mayorías; en la Cámara ocurre lo mismo y enfatizado con las nuevas curules para las víctimas. 

El papel de la prensa entonces será fundamental para que los debates que dará el país en los próximos cuatro años sean justos, estudiados y pertinentes. A los congresistas no se les debería olvidar que una de sus funciones constitucionales, sean de gobierno o no, es el control político. Y que en esa función está buena parte de la democracia para proteger el Estado de Derecho de excesos y conductas autoritarias. Que hagan su tarea también estará en una veeduría cuidadosa de los ciudadanos, las organizaciones sociales, y el periodismo.