Van más de 44.000 víctimas de desplazamiento este año en Colombia: Procuraduría
El Ministerio Público hizo un llamado al Gobierno para que se redoblen los esfuerzos en torno a la atención y reparación de víctimas del conflicto.
Noticias RCN
08:55 a. m.
La Procuraduría General de la República, junto a la Contraloría y la Defensoría del pueblo, solicitó a las autoridades competentes redoblar esfuerzos para implementar la política pública de asistencia, atención y reparación de las víctimas del conflicto armado.
Las entidades hicieron un llamado a continuar fortaleciendo la articulación institucional y la implementación de medidas reparadoras para las víctimas y las comunidades étnicas.
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"La Comisiones de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 y los Decretos Ley Étnicos celebraron la prórroga de 10 años establecida en la Ley 2078 de 2021 y la expedición del Conpes 4031, en el cual se proyectan recursos y lineamientos de acción para la política pública", dijo la Procuraduría.
Según el Ministerio Público, durante el primer semestre de 2021 se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo en los que 44.920 personas pertenecientes a 15.340 familias se movilizaron de manera forzada a otros lugares del país.
En el mismo periodo del año pasado se registraron un total de 51 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias.
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Los entes de control y representantes de las víctimas identificaron algunas de las dificultades que se han presentado en medio de los procesos con respecto a la reparación colectiva, retornos y reubicaciones, indemnización y rehabilitación.
Afirman que el 91% de las víctimas del conflicto armado están en situación de pobreza o vulnerabilidad.
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"En materia de reparación se destacaron 276.434 órdenes proferidas por jueces especializados en restitución de tierras, a través de 6.483 sentencias que beneficiaron a 33.028 personas. No obstante, se requieren esfuerzos adicionales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales", aseguró la Procuraduría.
Los órganos de control hicieron un llamado a las alcaldías donde se encuentran los puntos de atención de la Unidad para las Víctimas a asignar recursos para su funcionamiento y mantenimiento.