Veeduría ciudadana pone bajo la lupa a alcaldesa de Turbaco por presunta participación en política

Una denuncia ciudadana activó las alertas de los organismos de control sobre la actuación de la alcaldesa de Turbaco, Claudia Elena Espinosa, por hechos que, sin prejuzgar, podrían comprometer las normas que regulan la participación en política de los servidores públicos.

El abogado penalista Gustavo Moreno informó que puso en conocimiento de las autoridades una serie de situaciones que, a su juicio, deben ser verificadas por la Fiscalía y la Procuraduría para establecer si existe o no una infracción disciplinaria o electoral. Según explicó, su actuación se da en el marco del ejercicio de control ciudadano y de veeduría institucional.

Entre los elementos que sustentan la solicitud de investigación se encuentra un audio que circula en redes y que ya es materia de análisis. En ese registro, presuntamente, la alcaldesa se dirige a una edil y le ofrece convocar sesiones extraordinarias del concejo como un “regalo” para el mes de diciembre, lo que permitiría a los concejales recibir ingresos adicionales en esa época del año.

El rol de la veeduría y las posibles implicaciones legales

Además, el denunciante señaló que la mandataria local habría aparecido en actos públicos usando prendas asociadas a una campaña con aspiraciones a la Cámara de Representantes. De confirmarse, este comportamiento podría entrar en conflicto con las restricciones que pesan sobre los funcionarios públicos, en especial sobre quienes manejan recursos del Estado, más aún en un contexto preelectoral.

Moreno recalcó que su intención no es emitir juicios anticipados, sino activar los mecanismos de control para que las autoridades competentes determinen si hubo o no una conducta irregular. “El control fortalece la democracia; el silencio la debilita”, afirmó al justificar la importancia de la veeduría ciudadana en este tipo de casos.

Desde el punto de vista legal, recordó que la participación indebida en política por parte de servidores públicos puede tener consecuencias tanto en el ámbito penal como en el disciplinario, que van desde sanciones hasta la eventual destitución del cargo, dependiendo de lo que establezcan las investigaciones.

Ahora, serán la Fiscalía y la Procuraduría las encargadas de evaluar las pruebas, verificar los hechos denunciados y definir si hay mérito para abrir procesos formales contra la alcaldesa de Turbaco. Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa el papel del control ciudadano como herramienta clave para la transparencia y la vigilancia del poder público.