Veinticinco años de lucha: historia de cinco familias que lograron defenderse de los tierreros en Tolima

Víctimas de tierreros por más de 25 años, las familias Barragán, Piñeros, Lievanos, Ricaurte y Moreno, en el municipio de Melgar, Tolima, denuncian que delincuentes  con títulos falsos, intentaron robarles sus tierras, y además buscaron desfalcar al Estado, pidiendo una indemnización por más de 95 mil millones de pesos por la construcción de la doble calzada Bogotá - Girardot.

La dura lucha por demostrar que la única y verdadera escritura del predio descansaba en sus manos los llevo  a  conocer la forma en que operan los llamados tierreros; personas dedicadas a despojar a las familias de sus propiedades.   

La historia comenzó con la aparición de una escritura falsa sobre un predio llamado Samarcanda, que, según lo aseguran los denunciantes, quedó registrada en un falso plano, dando comienzo de una lucha que ya completa 25 años, y que gracias a una sanción de la Corte Suprema de Justicia está a punto de finalizar.

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Samarcanda se encuentra dentro de los predios El Rodeo y El Pedregal, terrenos que sí aparecen legalmente a nombre de las familias  Barragán, Piñeros, Lievanos, Ricaurte y Moreno; fincas que finalmente terminaron involucradas en lo que las cinco familias denominan la más desigual, injusta, e incomprensible lucha.

"Nosotros sólo hemos querido vivir tranquilos pero la delincuencia vio en la construcción de la doble calzada la oportunidad de desfalcar a la Nación, y de robarnos lo que toda la vida nos ha pertenecido", aseguró Alexander, uno de los hijos de Urbano Piñeros, quien murió sin lograr ver sus tierras libres y alejadas de forasteros.

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Con Samarcanda comenzó el viacrucis que incluso les mereció falsas acusaciones de quienes intentaban robarles sus tierras; Edilma Barragán, una de las legítimas propietarias fue llevada a prisión, acusada injustamente del delito de fraude procesal.

Las familias también denuncian que debido a la confrontación, también fueron obligados a desplazarse por un tiempo, en tanto recibieron amenazas por parte de grupos armados que se identificaron como la Águilas Negras.

Según la denuncia, tras la  falsificaron títulos de tierras, los presuntos tierreros pidieron más de 32.000 millones de pesos a la Nación, por concepto de las afectaciones que supuestamente se generaban por la construcción de la doble vía Girardot – Bogotá; cifra que hicieron crecer hasta llegar a solicitar al Gobierno Nacional  el pago de 95 mil millones de pesos.

En su reclamación ante el Estado, los tierreros aseguraban haber sido afectados por la construcción de la autopista, pues, según la familia Barragán, los solicitantes presentaron varios documentos en los que soportaban la existencia de una falsa escuela, las afectaciones en una posible venta de 600 lotes amparados bajo la misma escritura falsificada, una sociedad que se vio afectada por varios millones de dólares, entre otros.

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Sin embargo, el argumento que les significó una mayor reclamación se refirió a la supuesta existencia de un título minero con el que habrían intentado soportar la existencia de un proyecto de explotación al interior de los predios; lo que fue descartado por la misma Agencia Nacional de Infraestructura en una visita a los terrenos.

Pese a lo anterior, los supuestos delincuentes lograron que el municipio autorizará el desalojo de las cinco familias por interponerse en la supuesta explotación minera. Auto que fue firmado por el inspector de Policía local.

El presunto fraude tuvo un freno abrupto, pues la Corte Suprema de Justicia fallo una tutela interpuesta por la ANI, solicitando que se le ampararán los derechos a los verdaderos propietarios de la finca El Rodeo de Melgar, Tolima.

La Corte  ordenó  a la juez Segunda Civil del Circuito de Melgar que, en un término máximo de 10 días, vinculara a las familias Piñeros, Lievanos, Ricaurte y Moreno al proceso y se les cancelara lo correspondiente a sus derechos, acto que estas personas agradecen a la Corte, en virtud de la importancia de hacer justicia ante aparentes hechos delincuenciales.

Ahora se espera que la juez segunda del municipio haga efectiva la perentoria orden de la Corte Suprema y dé por terminado un capítulo que tuvo en vilo a la comunidad del municipio de Melgar, ante una injusticia que pudo llevar a la calle a familias humildes que han vivido todos sus años en la región.

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Las familias favorecidas con la decisión judicial elevaron una solicitud ante la Fiscalía y a la Procuraduría para que se investigue el caso, ya que según ellos, la Nación estuvo a punto de pagar una cifra histórica a tierreros que delinquen en los  departamentos de Cundinamarca y Tolima.

Wilder Méndez - NoticiasRCN.com