Vendían videos y fotos de niños víctimas de violaciones: hallaron más de 600 archivos

Una red clandestina de explotación sexual infantil que comercializaba contenido de abuso sexual infantil, a través de grupos privados de mensajería instantánea, fue desarticulada por la Fiscalía.

Tras una minuciosa investigación, las autoridades lograron la captura de cinco personas que hacían parte de esta abominable red criminal en Bogotá, Villavicencio y Soacha.

La investigación reveló que esta organización de pornografía infantil habría convertido el abuso sexual en un negocio lucrativo, distribuyendo más de 600 videos y fotografías de menores de edad víctimas de delitos sexuales.

Vendían videos y fotos de violaciones de menores en chats

El material era almacenado, distribuido y vendido a cambio de dinero en grupos privados de acceso restringido.

Los investigadores identificaron dos grupos principales de mensajería instantánea denominados 2033 y CBPA, donde se almacenaban y ponían a disposición de sus miembros archivos fotográficos y audiovisuales.

"En ellos se almacenaban y disponían a disposición de sus miembros archivos de fotografías y videos que contenían representaciones reales de actividades sexuales implícitas en las que participaban menores de 18 años", informó la Fiscalía.

El acceso a estos grupos no era libre. Los interesados debían pagar para ingresar a las plataformas virtuales donde circulaba el contenido ilegal.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, el contenido habría llegado a más de 140 personas que pagaron por acceder a este material entre julio de 2024 y enero de 2025.

¿Cómo cayó esta peligrosa red de pornografía infantil y abuso sexual?

La investigación permitió rastrear los movimientos de esta estructura criminal durante siete meses, tiempo en el cual operó de manera clandestina en la hostilidad de grupos privados de mensajería instantánea.

"Debemos entender que cada imagen o video de abuso sexual infantil constituye una vulneración de derechos y que su almacenamiento, comercialización y distribución prolongan el daño causado a las víctimas", explicó la fiscal Deicy Jaramillo.

Tras los allanamientos realizados en las tres ciudades, los cinco capturados fueron judicializados y quedaron con medidas de aseguramiento en centro carcelario.

Al menos uno de los detenidos aceptó su responsabilidad ante las autoridades: "Sí acepto mi responsabilidad", declaró.