Condenan otra vez al ‘Negro Ober’ por amenazar de muerte a una fiscal en un video desde la cárcel
El extorsionista grabó y difundió un video amenazante en 2023 desde la cárcel de Palo Gordo tras la captura de su compañera sentimental.
Noticias RCN
07:50 a. m.
Uno de los extorsionistas más peligrosos del país recibió una nueva condena por otro proceso judicial. Alias Negro Ober, quien ya se encontraba en prisión, fue sentenciado a tres años más de cárcel por grabar y difundir un video en el que lanza amenazas de muerte contra una fiscal.
Los hechos que motivaron esta condena se remontan a 2023, cuando el criminal decidió intimidar a la funcionaria responsable de la captura de su compañera sentimental.
Las amenazas fueron registradas en un mensaje de video enviado desde el interior de la cárcel de Palo Gordo, donde permanecía recluido en ese momento.
El video del ‘Negro Ober’, amenazando de muerte a una fiscal
Según la fiscal del caso, "mediante un video donde se identifica, amenazó con ocasión a las funciones que desempeñaba" a la fiscal titular de la investigación. El contenido del mensaje fue considerado como grave por su naturaleza explícita y directa contra la funcionaria.
En la grabación, el ‘Negro Ober dijo: "que se murió el fiscal, que se muera cualquier fiscal. Estoy decidido a hacer lo que sea", consta en las audiencias judiciales donde un juez decidió su condena.
Estas declaraciones evidencian la peligrosidad de este criminal y su disposición a atentar contra el sistema judicial.
La razón por la que el ‘Negro Ober’ quería asesinar a la fiscal
La fiscal amenazada había liderado la investigación que terminó con la captura de la compañera sentimental del extorsionista, lo que desencadenó la reacción violenta documentada en el video.
Este tipo de intimidaciones contra funcionarios judiciales representa un desafío constante para las autoridades colombianas en su lucha contra el crimen organizado.
La nueva sentencia de tres años se suma al tiempo que alias Negro Ober ya estaba cumpliendo por otros delitos. Las autoridades consideraron que las amenazas proferidas constituyen un delito grave que atenta contra la administración de justicia y pone en riesgo la integridad de los funcionarios que la ejercen.