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¡Vuelve y juega! Juez negó la libertad a Sandra Ortiz por vencimiento de términos en el caso UNGRD

La Procuraduría pedía libertad para Sandra Ortiz, mientras la Fiscalía solicitaba negar la petición.


Noticias RCN

abr 16 de 2026
02:07 p. m.

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Un juez negó la solicitud de libertad a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del gobierno de Gustavo Petro, quien está siendo investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).

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La decisión judicial mantiene a la exfuncionaria bajo medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

Ortiz está señalada en el caso de desfalco que afecta a la entidad encargada de la prevención y atención de desastres en el país. Según la investigación, la exfuncionaria habría desempeñado un papel clave en la red de corrupción que desvió recursos públicos destinados a la gestión de emergencias y riesgos naturales.

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El señalamiento más contundente contra la exconsejera presidencial proviene de Sneyder Pinilla, quien la identificó como "la mensajera en todo el entramado de corrupción".

Esta declaración ha sido determinante para que las autoridades judiciales consideren que existen elementos suficientes para mantenerla privada de su libertad durante la investigación.

Esta es la cuarta vez que se niega un recurso judicial en favor de la libertad de la exfuncionaria.

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¿Por qué le niegan la libertad a Sandra Ortiz?

La negativa del juez a conceder la libertad sugiere que la autoridad judicial considera que existen riesgos procesales que justifican mantener la medida restrictiva.

Las investigaciones continúan para esclarecer el alcance total del presunto entramado de corrupción y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La participación de Ortiz, según las acusaciones, habría facilitado la comunicación y coordinación entre los diferentes actores del esquema delictivo.

El proceso judicial se encuentra en etapa de investigación, y las autoridades trabajan en la recopilación de pruebas que permitan establecer con precisión el modus operandi de la red de corrupción y el destino de los recursos públicos presuntamente desviados.

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