Wilmar Mejía, salpicado por el escándalo de los archivos secretos de Calarcá, renunció al DNI

Wilmar Mejía, salpicado en el escándalo por presuntas infiltraciones de las disidencias de alias Calarcá en organismos del Estado, informó que renunció a su cargo como director de inteligencia del DNI el pasado tres de marzo, una vez finalizó la suspensión de la Procuraduría en su contra.

Una investigación periodística revelada a finales de 2026 señalaba a Mejía y al comandante de personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas, de llegar a un pacto de no agresión con las disidencias de las Farc y garantizar, a través de empresas de seguridad fachada, la movilidad de sus cabecillas en el territorio nacional.

Entonces, Mejía desmintió su participación “en cualquier reunión destinada a compartir información de inteligencia que beneficie a grupos criminales; crear empresas de seguridad o gestionar la adquisición de armas, municiones o explosivos; influir en trámites o reuniones con servidores públicos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; influir en pactos de no agresión entre las unidades militares y los grupos armados ilegales en el territorio nacional”.

Y señaló que, en su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue “una víctima amenazada por grupos ilegales como las Farc, el ELN y los paramilitares, y he consagrado mi labor pública a la reconciliación y la paz, no a la protección de la criminalidad. No tengo, ni he tenido, la influencia o los recursos para brindar protección a actores armados”.

Procuraduría había permitido a Mejía y el general Huertas mantenerse en su cargo:

Una vez finalizó la suspensión de tres meses en su contra, el Ministerio Público informó que no prorrogaría la medida y tanto Mejía como el general Huertas podrían defenderse mientras seguían en sus cargos, como director de inteligencia y comandante de personal del Ejército, respectivamente.

La decisión fue adoptada debido a que “no se ha aducido al dosier noticia de la que se desprenda y que concrete que los disciplinables, siendo ya servidores públicos, hayan mantenido relaciones con personas pertenecientes a organizaciones criminales”.

Además, el Ministerio Público determinó que los señalamientos realizados en su contra “se refieren a periodos para los que ambos estaban fuera del servicio público, según los datos que han podido ser recaudados al día de hoy”.

La investigación, sin embargo, continuaría junto “con la labor probatoria que permita establecer si las conductas cuestionadas, además de ser corroboradas, se han extendido a épocas en las que los disciplinados tenían la calidad de servidores públicos”.