Yo no fui a pedir apoyo sino respeto: Petro
El destituido alcalde de Bogotá aseguró, tras su reunión con el presidente, que defenderá sus derechos ante la CIDH.
Noticias RCN
dic 17 de 2013
01:51 p. m.
01:51 p. m.
Después de una hora y quince minutos de reunión con el presidente Juan Manuel Santos, el destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reiteró que la decisión del procurador Alejandro Ordóñez viola "el derecho interno y el derecho convencional”.
A su salida del Palacio de Nariño, el alcalde señaló que no le pidió al presidente su apoyo, sino su respeto sobre las decisiones judiciales que se tomen a futuro en el ámbito nacional e internacional sobre el caso.
“Al presidente no le hemos pedido ni respaldo ni no respaldo. Al presidente le hemos solicitado que en el caso de decisiones de justicia convencional se acaten por todo el Estado colombiano”, aseguró el burgomaestre.
Petro insistió que viajará a Washington para presentar sus alegaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que considera es una violación a sus derechos y a los de los votantes.
"Estemos en el Estado o no, estamos convocados a acatar nuestras leyes, la Constitución y los tratados internacionales que suscribimos en el Congreso", precisó Petro.
El presidente Santos afirmó que respetará la decisión que adopte la CIDH frente a la destitución e inhabilitación del alcalde y reiteró que mantendrá una posición neutral sobre este polémico caso.
"Si la Comisión dicta medidas cautelares estoy obligado a cumplirlas", aclaró el presidente. Pero también dejó claro que será neutral. "No voy a tomar partido ni a favor ni en contra del alcalde ni del Procurador. Tomaré partido por institucionalidad", escribió Santos en su cuenta de Twitter.
El pasado 9 de diciembre, Ordóñez dictó la "muerte política" de Petro, al inhabilitarlo por 15 años, al alegar mala gestión durante una crisis de basuras que sufrió Bogotá en diciembre de 2012.
Esta medida ha sido duramente criticada por la mayoría de los ciudadanos, así como por buena parte de los medios de comunicación y expertos constitucionalistas, por estimar que ha sido excesiva e incluso por tener tintes políticos al tratarse de un alcalde de izquierdas.
La situación llevó a la Fiscalía General a llamar la atención sobre el caso, al considerar que la decisión del procurador atenta contra la institucionalidad, y desató la reacción de la comunidad internacional en defensa del estado de derecho.
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