El Acueducto de Bogotá admite cobros injustos: la CRA aclara qué pasa con los medidores

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) encendió las alarmas tras admitir públicamente la existencia de cobros no ajustados a la realidad en las facturas de agua de varios sectores de la capital, como el barrio Hacienda Los Molinos.

La situación, destapada tras intensos debates y denuncias en el Concejo de Bogotá, puso sobre la mesa las fallas recurrentes en los métodos de facturación y el cálculo de subsidios.

Durante las jornadas de control político, se evidenció que cientos de hogares y usuarios no residenciales han venido pagando sumas desproporcionadas. En algunos casos, los cobros erróneos superaron los 900.000 pesos por inconsistencias directas en la aplicación de tarifas y promedios que no reflejan el consumo real.

Ante este panorama, la entidad distrital se vio obligada a comprometerse con revisiones técnicas y aforos individuales para subsanar los errores económicos con los afectados.

¿Qué viene ahora para los usuarios en Bogotá?

Por su parte, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) intervino en el debate para recordar los lineamientos regulatorios vigentes. La entidad aclaró de forma enfática que la medición es un derecho fundamental de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.

La CRA fue contundente al señalar que ninguna normativa nacional prohíbe la instalación de medidores en los sectores residenciales o en zonas de habitualidad informal.

Asimismo, cuestionó prácticas comunes como el cobro automático de topes fijos —por ejemplo, estimaciones de 11 metros cúbicos— que las empresas utilizan muchas veces como referencia para los subsidios, pero que terminan castigando el bolsillo de comunidades vulnerables que no cuentan con infraestructura formal de servicios.

Esta admisión institucional abre la puerta para que cerca de 50.000 hogares en condiciones similares de informalidad en Bogotá puedan exigir revisión de sus cuentas. Los expertos recomiendan a la ciudadanía afectada utilizar herramientas legales como los derechos de petición para frenar cobros arbitrarios, exigir aforos técnicos y tramitar las devoluciones de dinero correspondientes ante el Acueducto.