¿Se puede arrendar? Lo que la ley dice sobre los apartamentos comprados con subsidios en Colombia

En Colombia, los subsidios de vivienda se han consolidado como una de las herramientas más poderosas para que miles de familias puedan cumplir el sueño de tener una casa propia.

Sin embargo, una vez adquirido el inmueble, surge una pregunta común entre los beneficiarios: ¿Es legal arrendarlo?

Este interrogante, que ha generado confusión por años, tiene una respuesta clara en la legislación actual. Es fundamental que los propietarios conozcan los detalles para evitar inconvenientes futuros y aprovechar al máximo su inversión. A

Qué dice la ley sobre arrendar un apartamento si fue comprado con subsidios

Históricamente, el arrendamiento de viviendas adquiridas con ayudas estatales estaba sujeto a restricciones.

Sin embargo, la Ley 2079 de 2021 simplificó el panorama. Esta normativa eliminó las barreras que impedían a los propietarios de Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP) poner su inmueble en arriendo.

En la práctica, esto significa que cualquier persona que haya recibido un subsidio puede optar por no habitar su vivienda y, en su lugar, obtener un ingreso adicional a través del canon de arrendamiento, el cual puede ser utilizado para cubrir la hipoteca.

Las excepciones a la regla y la importancia de la formalidad

Aunque la ley actual otorga una mayor flexibilidad, existe una excepción importante que los beneficiarios deben conocer.

Los programas de Vivienda 100% en Especie, diseñados para las familias más vulnerables del país, mantienen una restricción crucial: el propietario debe habitar el inmueble por un periodo mínimo de cinco años antes de poder arrendarlo.

Esta condición busca garantizar que el subsidio cumpla su propósito social de proporcionar un techo digno y estable a las familias de escasos recursos.

Además de las consideraciones legales, es altamente recomendable que el propietario de la vivienda informe a la entidad que le otorgó el subsidio sobre su decisión de arrendar.

Aunque no es una obligación, esta comunicación puede prevenir futuros conflictos administrativos o malentendidos. Por último, pero no menos importante, la formalidad es clave.

El arrendamiento debe realizarse a través de un contrato escrito que establezca las responsabilidades del arrendador y del arrendatario, el valor del canon y las condiciones de uso.

De esta manera, se garantiza la seguridad jurídica para ambas partes, lo cual es fundamental para el éxito de la operación.