¿Su arriendo es de $1.500.000? Este sería el aumento para 2026, según el IPC

El mercado de arriendo en Colombia se prepara para un nuevo ajuste en 2026. Por ahora, las estimaciones del Banco de la República apuntan a que la inflación de este año cerrará cerca del 5,1%.

Otros expertos, sin embargo, elevan su proyección y señalan que podría ubicarse hasta en 5,5%. Pese a ello, la variación no sería muy amplia, teniendo en cuenta que la inflación cerró en 2024 en 5,2%.

¿Cómo impactará el aumento del IPC 2026 en los arriendos de vivienda en Colombia?

Teniendo en cuenta estos datos el aumento en los arriendos sería similar a estas estimaciones, de acuerdo con la Ley 820 de 2003, que establece que el canon de inmuebles arrendados para vivienda solo puede incrementarse, una vez al año, hasta el porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior.

Para el bolsillo de los hogares, el impacto del incremento puede ilustrarse con un ejemplo sencillo: quien pague hoy $1.500.000 de arriendo tendría un aumento de $76.500 si el IPC cierra en 5,1%, lo que llevaría el nuevo canon a $1.576.500. En cambio, si el IPC fuera del 5,5%, el canon ascendería a $1.582.000.

En este contexto, conocer la normatividad es fundamental, destaca Karina Tatiana Reyes, expresidenta de la Junta de Fedelonjas y gerente general de Inmobiliaria Esteban Ríos.

¿Qué normas y precauciones deben conocer propietarios e inquilinos antes de ajustar el canon de arrendamiento?

La experta advierte que buena parte de los conflictos entre propietarios e inquilinos surge del desconocimiento de los límites y condiciones de cada tipo de contrato, tanto en los realizados de forma directa como a través de intermediarios, pues la ley es una sola.

Según la experta, la normativa en vivienda urbana establece que el incremento del canon no puede superar el IPC del año anterior y que su valor no puede exceder el 1% del avalúo comercial del inmueble.

Sin embargo, esta regla aplica únicamente para los contratos firmados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 820 de 2003; para aquellos suscritos con anterioridad, rige la meta de inflación como parámetro de ajuste.

Además, no se pueden exigir depósitos como garantía. “La gente suele fijarse solo en el canon, pero desconoce que la ley regula los topes de aumento, el preaviso para no renovar y las causales de terminación. Ese desconocimiento crea dificultades innecesarias durante la relación contractual”, afirma Karen Tatiana Reyes.

Asimismo, es fundamental tener en cuenta que, en el caso de los inmuebles comerciales (locales, oficinas y consultorios), la lógica es distinta, pues el Código de Comercio permite que las partes acuerden libremente el valor del canon, la fórmula de incremento y la duración del contrato.

No obstante, cuando un comerciante ocupa el mismo local por más de dos años consecutivos, puede adquirir el derecho a la renovación automática, salvo excepciones como incumplimientos o necesidades debidamente justificadas del propietario.

Otro aspecto relevante es que, aunque el pago puntual del arriendo suele asumirse como garantía de estabilidad, la realidad es diferente.

La normativa faculta al propietario a terminar el contrato incluso cuando el arrendatario está al día con el canon, si incumple otras obligaciones económicas como cuotas de administración o servicios públicos. Acumular deudas en estos rubros puede desembocar en procesos judiciales de restitución del inmueble.

Adicionalmente, hay que revisar el contrato con rigurosidad antes de firmarlo. Aunque los acuerdos verbales son válidos, probarlos en un proceso judicial es complejo y riesgoso. Detalles como inventarios, cláusulas de terminación, ajustes del canon y condiciones de entrega deben quedar por escrito.

El 70% de los conflictos entre propietarios e inquilinos nace de contratos mal elaborados o acuerdos verbales imposibles de demostrar. Firmar sin leer o sin aclarar dudas puede resultar más costoso que el propio aumento del canon, explica la gerente general de Esteban Rios.

Este ajuste en el canon será especialmente significativo en un país donde más del 40% de los hogares vive en arriendo (el doble del promedio latinoamericano), lo que representa más de 7,3 millones de viviendas y un gasto agregado que ronda los $60 billones anuales, según el informe Situación Inmobiliaria de BBVA Research.