Expertos advierten posibles demandas tras el aumento del 23% en el salario mínimo 2026
El Observatorio Fiscal advierte que el decreto también tendrá repercusiones en el mercado financiero.
Noticias RCN
07:23 a. m.
El sorpresivo aumento del 23% en el salario mínimo para 2026 decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro abrió un debate jurídico y económico que podría terminar en los tribunales.
Mauricio Salazar, investigador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, advierte que la medida no solo genera impactos en el bolsillo de los colombianos, sino que también plantea interrogantes sobre su legalidad y sostenibilidad en medio de la emergencia económica.
Impacto en precios y presupuesto público
Según Salazar, el incremento unilateral del salario mínimo encarece la nómina de las empresas y, en consecuencia, los precios de bienes y servicios. “Aunque algunos trabajadores recibirán más ingresos, la mayoría enfrentará un aumento generalizado en el costo de vida”, explicó.
El experto subrayó que gran parte de los salarios de funcionarios públicos y congresistas están indexados al mínimo, lo que implica un aumento automático del 23%. Además, las pensiones, que no pueden ser inferiores al salario mínimo, presionarán aún más el presupuesto nacional. “El Gobierno había proyectado sus cuentas sobre un aumento del 7%, pero ahora deberá asumir un gasto mucho mayor”, señaló.
Riesgo de inflación y tensiones con el Banco de la República
El Observatorio Fiscal advierte que el decreto también tendrá repercusiones en el mercado financiero. El encarecimiento del crédito y la presión inflacionaria obligarían al Banco de la República a subir las tasas de interés, lo que afectará a toda la economía.
En comparación con países de la región, el aumento resulta desproporcionado: Brasil subió el mínimo en 6,8% con una inflación de 4,4%; México lo incrementó en 13% con inflación de 4%; y Chile en 8% con inflación de 3%. Colombia, con una inflación cercana al 5%, decretó un alza del 23%, similar solo a casos extremos como Turquía.
“Nos vamos a convertir en un caso de estudio internacional”, concluyó Salazar, quien no descarta que el decreto pueda ser objeto de demandas por su impacto fiscal y por la forma en que fue expedido.