Bre-B no se salva: MinHacienda busca aplicar retención del 1,5 % a las transferencias electrónicas

El Ministerio de Haciendasorprendió al publicar un nuevo proyecto de decreto que busca aplicar retención en la fuente a los pagos realizados a través de Bre-B y otras billeteras digitales, una medida que podría modificar el panorama de las transacciones electrónicas en Colombia.

El documento, disponible en la página oficial de la entidad, estará abierto a comentarios hasta el 25 de octubre de 2025, a las 12 de la noche.

¿Qué busca el Ministerio con este decreto?

Según la cartera, “mediante el proyecto de decreto se pretende corregir el tratamiento dispar en la tarifa de retención en la fuente entre las transferencias y pagos electrónicos y los pagos realizados a través de las tarjetas de crédito y/o débito”, ya que actualmente los primeros no están sujetos a retención, mientras que los segundos sí tienen una del 1,5 %.

El texto propone modificar los artículos 1.3.2.1.2., 1.3.2.1.7. y 1.3.2.1.8. del Decreto 1625 de 2016, que regula la materia tributaria, para equiparar la tarifa de retención en la fuente al 1,5 % en todos los sistemas de pago. Con ello, el Gobierno busca “evitar el arbitraje entre diferentes productos y reconocer un trato similar entre aquellos que ofrecen plena trazabilidad transaccional”.

Bre-B, en la mira de la nueva medida

Esta propuesta llega justo cuando Bre-B, la herramienta interoperable impulsada por el Banco de la República y los principales bancos del país, lleva menos de un mes en operación.

El sistema permite enviar dinero entre entidades y billeteras de forma inmediata, sin comisiones, y ha sido celebrado por su potencial para impulsar la inclusión financiera.

Sin embargo, de aprobarse el decreto, los pagos hechos a través de Bre-B “por concepto de ventas de bienes o prestación de servicios susceptibles de constituir ingreso tributario” estarían sujetos a retención en la fuente, lo que podría afectar a pequeños negocios y emprendedores, que ven en estas plataformas una forma de reducir costos y ampliar su base de clientes.

La medida, según analistas, hace parte de los esfuerzos del Gobierno por buscar nuevos recursos ante las dificultades de avanzar en su ley de financiamiento, pero ha despertado debate entre quienes creen que puede frenar la adopción de pagos digitales en el país.