Alerta por preocupante cifra de ciudadanos que se han declarado en quiebra en Colombia: estos son los datos

La alerta en Colombia se ha encendido ante el aumento exponencial de personas naturales que se han declarado en situación de insolvencia en lo corrido del año, superando la cifra de 10.600 ciudadanos que han acudido al amparo de la Ley de Insolvencia, según informes recientes que contrastan datos del Ministerio de Justicia y firmas especializadas.

Este número representa un aumento de más del 50% respecto al año anterior, evidenciando la profunda crisis de endeudamiento que atraviesan miles de hogares.

Y es que el crecimiento en las solicitudes para acogerse a la Ley de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante, no es solo un fenómeno estadístico, sino el reflejo de una presión financiera que, pese a la moderación en la inflación, aún no se traduce en un alivio real para el bolsillo.

La falta de pagos de obligaciones, que antes requería tener más del 50% del pasivo total en mora, se ha flexibilizado a un 30% con la reciente legislación, lo que ha facilitado el acceso a más deudores.

Regiones del país donde hay más personas en quiebra

En el país, el fenómeno se concentra en las principales ciudades y regiones. Bogotá lidera el listado en números absolutos de solicitudes de insolvencia, pero departamentos como el Atlántico, Antioquia, y el Valle del Cauca han registrado los incrementos porcentuales más drásticos en comparación con períodos anteriores.

En el caso de la edad, el promedio de quienes buscan este 'salvavidas' legal se ubica entre los 40 y 50 años, una franja productiva de la población que, en muchos casos, ha visto cómo sus deudas de consumo, hipotecarias y educativas se vuelven insostenibles.

Ley de insolvencia: mecanismo que se toma como una 'salvavidas'

La Ley de Insolvencia para Persona Natural se ha consolidado como la principal herramienta para afrontar el sobreendeudamiento. Su objetivo es doble: permitir al deudor negociar un acuerdo de pago con sus acreedores que le permita normalizar sus obligaciones y, en caso de fracasar la negociación, proceder a la liquidación patrimonial para empezar de cero.

Al iniciar el trámite, se detienen los embargos y procesos judiciales en curso. Luego de ellos, se abre un período de 60 días (prorrogable) para que, con un conciliador, el deudor y sus acreedores pacten nuevas condiciones de plazo e intereses, incluso permitiendo la quita de capital si se llega al acuerdo requerido.

La nueva ley prohíbe el despido o la discriminación laboral por el hecho de que un empleado se encuentre en proceso de insolvencia.

Por otro lado, se ordena la suspensión inmediata de los descuentos automáticos, exceptuando las obligaciones alimentarias, para liberar liquidez al deudor durante el proceso.