Ciudadano recibirá 14 billones de indemnización del Estado por caso Corficolombiana
El ciudadano recibirá la millonaria indemnización por los daños y perjuicios ocasionados durante más de tres décadas en caso de CDT´s anulados erróneamente.
Noticias RCN
06:14 p. m.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del ciudadano Alejandro González Beltrán y ordenó a la Nación, a la Rama Judicial y a Corficolombiana indemnizar al demandante por una suma de 14 billones de pesos debido a los daños y perjuicios causados al invalidar de manera errónea tres CDT´s del año 1993.
Esta condena corresponde a una disputa legal entre la Corporación Financiera Colombiana y el sujeto por un conflicto que giró alrededor de los pagos de unos CDT´s hace 33 años.
La demanda
El 17 de febrero 1989, Corfivalle, hoy Corficolombiana, suscribió y expidió a nombre del señor Alejandro González Beltrán, tres CDTs por una suma de $58.500.000 cada uno, con fecha de exigibilidad el 17 de febrero de 1999.
El 12 de febrero de 1999, cinco días antes de su vencimiento, los títulos valores fueron presentados por el beneficiario para el respectivo cobro, pago que fue negado por Corfivalle aduciendo que eran documentos falsos y procediendo en forma unilateral a agregar en cada uno de ellos un sello de "anulado". Además, se denunció penalmente a Beltrán por falsedad en documento privado y estafa.
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Producto de la denuncia aludida, se inició un proceso penal y con sentencia en el 2005, un Juzgado de Cali condenó al ciudadano, sin embargo, posteriormente lo absolvió y ordenó que se devolvieran los certificados de depósito a su propietario.
Los títulos valores permanecieron retenidos durante el trámite del proceso penal y solo le fueron devueltos al señor Beltrán en 2007, en cumplimiento a otro fallo del Tribunal. Los fallos penales dieron por establecida la autenticidad de los títulos valores, argumentado que el mismo deudor-denunciante los reconoció en su documento y firma, de manera que para la justicia penal los documentos son legales, válidos y legítimos.
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Dicha disputa legal se prolongó por más de tres décadas entre fallos y apelaciones hasta que la magistrada ponente Clara Cecilia Suárez Vargas, determinó que debido a los errores emitidos en los fallos en contra del ciudadano.
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El Estado entonces deberá responder por una suma de 2,247,811,230 de pesos de capital más los intereses moratorios equivalentes a 14,465,891,858,585.9, es decir, catorce billones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento treinta y nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos al demandante.