"Colpensiones no tiene la capacidad para atender a 10 millones de afiliados": alerta por reforma pensional

Colpensiones solicitó aplazar por un año la entrada en vigencia de la reforma pensional, prevista para el 1 de abril de 2027, al advertir riesgos fiscales, tecnológicos y operativos que podrían comprometer la atención de millones de afiliados.

Así lo explicó Andrés Izquierdo, CEO de Soluciones Pensionales, durante una entrevista con Noticias RCN, en la que calificó la petición de la entidad como una medida "sensata, prudente y responsable" ante los retos que supone la implementación del nuevo modelo.

Según el experto, la solicitud responde a que el sistema aún no cuenta con la infraestructura necesaria para asumir los cambios que establece la reforma. "La realidad está chocando de frente al sistema", afirmó Izquierdo, quien sostuvo que las instituciones requieren más tiempo para prepararse antes de la entrada en funcionamiento del nuevo esquema.

El analista también cuestionó el fallo de la Corte Constitucional que avaló la reforma y fijó la fecha de entrada en vigencia, al considerar que esto ha generado mayores presiones sobre un sistema que, según dijo, ya enfrenta dificultades estructurales.

Déficit fiscal y riesgo para la atención de afiliados

Entre las preocupaciones expuestas por Colpensiones se encuentra el impacto fiscal. De acuerdo con Izquierdo, la entrada en vigencia de la reforma implicaría una carga adicional cercana a los 5 billones de pesos para la Nación en 2027, en un contexto de estrechez de las finanzas públicas.

A esto se suma el desafío operativo. El experto señaló que actualmente Colpensiones atiende a cerca de 2,5 millones de cotizantes activos, pero con la reforma tendría que asumir la gestión de aproximadamente 10 millones de personas de manera inmediata.

"Colpensiones no tiene la infraestructura tecnológica para eso", aseguró. Además, indicó que la entidad carecería de la capacidad humana, técnica y física suficiente para responder al aumento de usuarios.

Izquierdo advirtió que, de mantenerse el cronograma actual, podría configurarse un "estado de cosas inconstitucional", entendido como una situación en la que la administración pública no logra garantizar derechos fundamentales como la seguridad social, el mínimo vital, el debido proceso y la confianza legítima de los ciudadanos.

Frente a los efectos de un eventual aplazamiento, el experto reconoció que algunas personas podrían verse impactadas por haber tomado decisiones con base en la fecha prevista de implementación. Sin embargo, sostuvo que el principal problema radica en el diseño de la reforma, que, a su juicio, no responde a fenómenos como la informalidad laboral, el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad.

"La reforma pensional no solo no soluciona los problemas del sistema, sino que crea nuevos problemas", afirmó Izquierdo.

En ese sentido, concluyó que el debate de fondo no es si la norma entra a regir en 2027 o 2028, sino los efectos que tendría sobre la sostenibilidad futura del sistema pensional colombiano.