Colpensiones enciende fuerte polémica por traslado de ahorro de estos trabajadores

Colpensiones, la Administradora Colombiana de Pensiones, se encuentra en el ojo de la polémica tras las más recientes declaraciones de su presidente, Jaime Dussán. Según lo expuesto por el directivo, el fundamento del reclamo de una millonaria suma de nueve billones, es la estricta aplicación de la ley.

La normativa colombiana, a través de decretos y leyes específicas (como la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos), obliga a los trabajadores catalogados como de "alto riesgo" a cotizar en el RPM, con el fin de garantizarles el derecho a una pensión de vejez anticipada. Este beneficio especial requiere una cotización adicional por parte del empleador, que en el RPM se dirige a cubrir el mayor costo actuarial que implica el retiro temprano.

El problema radica en que, durante años, miles de estos trabajadores fueron afiliados, o permanecieron afiliados, en los fondos privados (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS). Al estar en el RAIS, no solo se incumplió la ley, sino que también se puso en riesgo la viabilidad de sus futuras pensiones bajo las condiciones especiales que les corresponden, ya que el sistema privado no está diseñado para manejar estos regímenes especiales de la misma forma que el público.

¿Qué trabajadores son los involucrados en esta polémica?

Los trabajadores afectados provienen de sectores vitales para la seguridad y la infraestructura nacional. Entre ellos se cuentan, según las estimaciones de Colpensiones, personal de seguridad en centros carcelarios (guardias del INPEC), bomberos, algunos operarios en industrias mineras y químicas, y otros oficios con exposición permanente a riesgos físicos o químicos.

Los 9 billones de pesos que Colpensiones exige a los fondos privados no es una multa, sino la sumatoria de las reservas y los aportes que estos 45.000 trabajadores han acumulado a lo largo de su vida laboral en el RAIS.

Colpensiones argumenta que, dado que el traslado de régimen es obligatorio, los fondos privados deben transferir la totalidad de los saldos acumulados y el rendimiento que corresponde a dichas cotizaciones para que puedan ser contabilizadas en el RPM, donde serán gestionadas para reconocer las pensiones especiales.

Para las AFP, la salida de estos recursos representa un golpe significativo a los activos bajo administración. Aunque los fondos privados han manifestado su disposición a cumplir con la ley y realizar los traslados pertinentes, la cuantía total y el proceso de identificación y transferencia de cada cuenta individual implica un desafío administrativo y operativo considerable.

"Las personas de alto riesgo no pueden estar afiliadas a los fondos privados. La ley ordena que sean de Colpensiones para asegurarles la posibilidad de acceder a su pensión anticipada", sentenció el funcionario.