¿Cómo funcionará la reforma a la Ley 30 de educación superior y cuánto le costaría al país?

El gobierno del presidente Gustavo Petro planea presentar múltiples propuestas para el siguiente semestre, entre ellas, una reforma para la Ley 30 de educación superior, el borrador ya fue presentado y está siendo sometido a correcciones para su exposición frente al Congreso.

Dentro de la planeación para esta propuesta, se tiene previsto cambios en el sistema de transferencias a las instituciones de educación superior, para esto, la propuesta incluye distribuir 6,8 billones, divididos: 1,14 billones para el año 2024, 2,5 billones para el año 2025 y finalmente 3,46 billones para el año 2026.

Según el gobierno, los fondos para esta propuesta estarían sustentados gracias a la reforma tributaria aprobada el año pasado. La iniciativa que se presentará sobre Ley 30 podría costar 6,8 millones para el año 2024-2026.

¿Cuáles son los cambios que incluye la reforma a la Ley 30?

La propuesta se presenta con el objetivo principal de modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la cual, según la administración genera los problemas de financiamiento de las instituciones de educación superior.

En las modificaciones al artículo 86 se plantea que los presupuestos para las instituciones de educación superior sean calculados con base en los costos de cada institución para el año anterior, los cuales son publicados por el Dane.

Por otro lado, se plantea una mejora en los índices de permanencia, acceso y graduación para las IES las cuales estarán sustentadas y reguladas bajo el presupuesto propuesto por el Gobierno.

El Ministerio de Educación resalta la importancia en la financiación para las instituciones de educación superior, las cuales ya no estarán basadas en el IPC, sino en el índice de costos de la educación superior. Esto para evitar incrementos de gran magnitud en el valor de la matricula e intereses que ha afectado durante los últimos semestres a los estudiantes del país.

Por otro lado, para complementar la reforma, se plantea que el artículo 87 sea modificado para aumentar el presupuesto de las universidades nacionales, departamentales y municipales en al menos un 50% del incremento real anual del PIB, incrementando al menos un 20% en comparación al 30% actual.

Asimismo, se plantea la creación de un mecanismo que permita complementar la financiación a las instituciones de educación técnica, profesional, tecnológicas y de universitarias públicas.

Para dar respuesta a lo anterior, se propone la creación de un artículo nuevo del cual se tomarán recursos del Presupuesto General de la Nación, equivalentes al 0,02% para el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la ley, con el fin de generar la base presupuestal para las instituciones anteriormente mencionadas. La reforma que se presentará a la Ley 30 podría costar 6,8 millones para el año 2024-2026.

Según la ministra de Educación, Aurora Vergara, el objetivo principal de la reforma es permitir un mayor alcance en el acceso a la educación en los territorios que actualmente se encuentran limitados.

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Además, se plantea que la educación superior sea considerada un derecho fundamental, garantizando el acceso, la permanencia, la autonomía universitaria y la calidad educativa.

En relación con lo anterior, se cuestiona si será necesario reconsiderar los procesos de admisión en donde cualquier estudiante pueda ser admitido, aunque no cumpla los requisitos estipulados por las instituciones educativas.

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Finalmente, dentro de la reforma se plantea un enfoque integral, en el cual se propone que en la titulación las universidades tengan un enfoque de género, reconociendo la identidad de género de sus estudiantes.