Deuda del Gobierno: así podría afectar el bolsillo de todos los colombianos
Aunque nadie recibirá una factura por ese monto, el endeudamiento sí puede tener efectos sobre la inversión pública y el costo de los créditos.
Juan David Galindo
09:53 p. m.
¿Quién no tiene alguna deuda? Una tarjeta de crédito, un préstamo, una vivienda o simplemente una compra a cuotas. Ahora imagine que, además de esas obligaciones, existiera una deuda adicional de más de $23 millones por persona.
Ese no es un cobro que vaya a llegar a los hogares colombianos. Se trata de una forma de dimensionar el tamaño de la deuda del Gobierno Nacional si se distribuyera de manera hipotética entre todos los habitantes.
Pero entonces, ¿cómo termina afectando una deuda que está a nombre del Estado?
El impacto puede sentirse de diferentes maneras: en los recursos disponibles para inversión pública, en las tasas de interés que pagan los ciudadanos por sus créditos y en la capacidad del Gobierno para destinar dinero a programas y obras.
¿De dónde salen los recursos para el pago de la deuda?
Cuando el Gobierno tiene que destinar una cantidad importante de sus ingresos al pago de la deuda y sus intereses, queda menos espacio dentro del presupuesto para otras necesidades.
Eso significa que recursos que podrían utilizarse para construir infraestructura, mejorar hospitales, financiar programas sociales o desarrollar proyectos públicos también deben atender las obligaciones financieras adquiridas por el Estado.
La deuda, por sí sola, no significa que automáticamente se eliminen esas inversiones. El punto es que mientras mayor sea la presión del endeudamiento, mayor es la parte del presupuesto que debe destinarse a cumplir esas obligaciones.
Y hay otro elemento que termina llegando directamente al bolsillo de los ciudadanos: los intereses.
¿Por qué la deuda del Gobierno puede encarecer los créditos?
La situación fiscal también puede tener consecuencias sobre el costo del dinero.
David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, explica que cuando el déficit fiscal aumenta, puede existir una presión sobre las tasas de interés.
En la medida que tengamos un déficit más alto, pues eso significará en tasas de interés más altas a la hora financiera.
En términos sencillos, si el Estado necesita conseguir más recursos para cubrir sus obligaciones, aumenta la presión sobre el mercado financiero. Esto puede terminar influyendo en las condiciones bajo las cuales hogares y empresas consiguen financiación.
El efecto puede sentirse en una tarjeta o en un crédito de vivienda
Para una persona común, esta situación puede terminar reflejándose en productos financieros que utiliza habitualmente.
Por ejemplo, si las condiciones financieras se vuelven más costosas, una familia que quiera comprar vivienda mediante un crédito hipotecario podría enfrentar mayores intereses. Algo similar puede ocurrir con otros préstamos o con el uso de tarjetas de crédito.
Cubides señala que una situación fiscal más complicada también implica que el Gobierno debe destinar más recursos al servicio de su deuda.
Hoy uno de cada cuatro pesos que recibió el Gobierno Nacional se va al pago de interés.
La cifra permite dimensionar cuánto peso tienen actualmente los intereses dentro de las obligaciones del Estado.
¿Entonces los colombianos van a pagar $23 millones?
No. No existe un recibo ni una factura que cada ciudadano tenga que pagar por esos $23 millones.
La cifra funciona como una manera de dividir, de forma hipotética, el tamaño de la deuda pública entre la población para entender su magnitud. La verdadera discusión está en cómo se administra esa deuda y qué porcentaje de los ingresos públicos debe utilizarse para pagarla.
Si una proporción cada vez mayor del presupuesto se destina al servicio de la deuda, el Gobierno puede tener menos margen para realizar nuevas inversiones o responder a otras necesidades.
¿Cómo impactaría la economía de los hogares?
Por eso, aunque la deuda pública parezca un asunto lejano y propio de las cuentas del Gobierno, sus efectos pueden terminar llegando a la economía cotidiana.
El ciudadano no recibe la cuenta directamente, pero puede enfrentar créditos más costosos, mayores intereses y una menor capacidad del Estado para financiar determinadas inversiones públicas.