Al Consejo de Estado han llegado 38 demandas para tumbar el aumento del salario mínimo

Mientras el Gobierno continúa enfrentando las consecuencias de la suspensión del decreto de emergencia económica, en las altas cortes se abre otro frente que podría afectar decisiones recientes del Ejecutivo: las demandas contra el aumento del salario mínimo, que fue fijado en un 23,7%.

Al Consejo de Estado han llegado 38 demandas en las que se solicita que se declare la nulidad del incremento salarial. Varias de estas acciones incluyen peticiones para que se adopten medidas cautelares, con el fin de suspender la aplicación del aumento mientras se toma una decisión de fondo.

De ese total, 17 demandas quedaron en el despacho del magistrado Juan Camilo Morales, donde ya se adelanta el estudio correspondiente. En este tribunal, a diferencia de lo ocurrido recientemente en la Corte Constitucional, existe jurisprudencia que permite decretar la suspensión provisional de la norma.

Sin embargo, el tiempo juega un papel clave. Un antecedente citado es el de 2017, cuando la decisión sobre el incremento del salario mínimo de 2016 se produjo sin mayores efectos, debido al momento en que fue adoptada.

Aunque el decreto fue anulado, el fallo no tuvo efectos retroactivos. Es decir, los salarios pagados en 2016, los contratos vigentes y los pagos realizados bajo ese marco legal no se modificaron ni fueron reintegrados a los trabajadores.

Pacto por campañas en paz y el retroceso del país en corrupción

En paralelo a los debates judiciales, la Defensoría del Pueblo impulsa un pacto orientado a promover unas elecciones libres y en paz, un compromiso que no recae únicamente en el Gobierno, las fuerzas armadas o las entidades públicas, sino también en los propios candidatos. Este acuerdo fue firmado por 18 aspirantes a la Presidencia.

El pacto busca fomentar un ambiente plural y democrático, incluso en las expresiones que los candidatos realizan en redes sociales. Para ello, se aplicó un algoritmo específico que midió distintos componentes del discurso político. En términos generales, los aspirantes superaron el examen en la promoción de la no violencia, con un 81%, y en la defensa de las instituciones, con un 92%.

El resultado más bajo se registró en el debate plural, un indicador que analiza los discursos y relatos asociados a la polarización y la estigmatización. En este punto, los candidatos alcanzaron apenas un 42%, lo que refuerza la advertencia de que el uso de la palabra también puede convertirse en un atentado contra la democracia.

A este panorama se suma el más reciente informe de Transparencia Internacional sobre corrupción. En esta medición, el país obtuvo 37 puntos sobre 100 posibles, ubicándose en el puesto 99 entre 182 países, uno de los niveles más bajos desde que se presenta este índice. En el mapa del informe, el país aparece en la zona roja, en niveles comparables a los de Etiopía, Kazajistán, Gambia y Zambia.