ABC de la emergencia económica: ¿cuáles son los impuestos que llegarían desde 2026 y a quiénes afectarían?

La declaratoria de emergencia económica abrió un escenario de incertidumbre para empresas y ciudadanos.

Aunque el Gobierno asegura que se trata de una medida necesaria para enfrentar una situación fiscal urgente, el debate se centra ahora en cómo estas decisiones se traducirán en impuestos concretos y en mayores costos para la economía real.

¿Cuáles son los impuestos que llegarían desde 2026 y a quiénes afectarían?

Uno de los tributos que genera mayor preocupación es el impuesto al patrimonio. Actualmente, este gravamen cuenta con tarifas que oscilan entre el 0,5 % y el 1,5 %.

La intención del Gobierno es ampliar ese esquema, incrementando las tarifas y sumando nuevos rangos que podrían llevar la carga hasta el 5 %. Esta modificación aplicaría a personas con patrimonios superiores a los 2.000 millones de pesos.

Aunque el impuesto se dirige a quienes tienen mayores activos, el impacto va más allá de ese grupo. Un aumento de esta magnitud puede incidir en decisiones de inversión, en la disposición a mantener capital en el país y en la dinámica de distintos sectores económicos que dependen de la inversión privada.

El segundo tributo confirmado es la sobretasa al impuesto de renta de los bancos y entidades financieras.

Hoy esta sobretasa se encuentra en el 5 %, pero el decreto contempla adicionar un 10 % más, lo que elevaría la carga total al 15 %. Aunque en el papel este impuesto lo pagan las entidades financieras, en la práctica el impacto se traslada a empresas y personas naturales.

Para las empresas, esta mayor carga se reflejaría en créditos más costosos, menor acceso a financiamiento y restricciones para ampliar operaciones o lanzar nuevos proyectos. Esto podría afectar de manera particular a las micro, pequeñas y medianas empresas, que dependen en mayor medida del crédito para sostener su actividad.

Afectaciones de los impuestos en los hogares de los colombianos

En el caso de los hogares, la sobretasa a los bancos se traduce en préstamos más caros. Créditos de consumo, hipotecas de vivienda, préstamos de libre destinación y créditos para vehículos podrían encarecerse, reduciendo la capacidad de gasto de las personas y limitando el consumo.

Este escenario también puede frenar la compra de bienes y servicios, afectando la economía en cadena.

Las reacciones de los gremios han sido contundentes. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, aseguró que el decreto de emergencia económica no cumple con los requisitos del artículo 215 de la Constitución y que pretende presentar como una emergencia problemas que son estructurales y previsibles.

Desde el sector minero-energético, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió que este sector vuelve a asumir nuevas cargas tributarias en un momento de debilidad, señalando que estas medidas podrían convertirse en un golpe definitivo para una actividad clave de la economía.

A su vez, Juan Pablo Valenzuela, de Asobares, afirmó que este tipo de decisiones encarecen la cadena de abastecimiento y los servicios, afectando la formalización del sector del entretenimiento en todo el país.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, fue aún más crítico al señalar que los hogares colombianos ya no tienen margen para soportar más impuestos y cuestionó el manejo del presupuesto público por parte del Estado.

Mientras tanto, la Corte Constitucional sostuvo una reunión informal y virtual para definir a qué magistrado le corresponderá estudiar el decreto de emergencia económica. Además, se analiza la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias en sala plena para decidir si la medida se mantiene o se cae, un proceso que será clave para determinar el futuro de estos impuestos y su impacto real en la economía colombiana.