Dueños de mascotas en conjuntos residenciales se enfrentan a multa de más de 700 mil pesos por esto

La tenencia de mascotas en los conjuntos residenciales de Colombia se ha convertido en un punto de fricción constante, un delicado equilibrio entre el derecho individual a tener un animal de compañía y el bienestar colectivo.

En medio de esta realidad, una cifra ha encendido las alarmas entre los propietarios: una multa de $711.750 pesos para aquellos dueños de perros que incumplan las normas de convivencia y seguridad en las zonas comunes.

Esta sanción, que corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) para la vigencia de 2025, no proviene únicamente del manual de convivencia interno de cada copropiedad, sino que tiene un sólido respaldo en el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), en consonancia con la Ley 746 de 2002.

Su objetivo es claro: disuadir las conductas irresponsables que comprometen la tranquilidad, la salubridad y, sobre todo, la seguridad de los vecinos.

Multa a la que podrían enfrentarse los dueños por sus mascotas

Para evitar esta cuantiosa multa, la clave reside en el estricto cumplimiento de dos medidas fundamentales que rigen el tránsito de todos los ejemplares caninos en las áreas compartidas de la propiedad horizontal, tales como pasillos, ascensores, porterías y jardines.

• Uso obligatorio de correa: Sin ninguna excepción, todo perro que circule por las zonas comunes debe estar sujeto a una correa, garantizando el control inmediato por parte de su tenedor.
• Uso de bozal para perros de manejo especial: Esta medida es obligatoria para los ejemplares catalogados como "perros de manejo especial" (anteriormente conocidos como potencialmente peligrosos), sin importar si el recorrido es corto.

El incumplimiento de esta norma, que también exige la portabilidad del respectivo permiso o registro, es una de las infracciones más graves y una causa directa de la multa.

Además de estos requisitos de seguridad, el Código de Policía sanciona de manera específica otros comportamientos que atentan contra la sana convivencia: No recoger los excrementos de la mascota en espacios públicos o comunes, permitir que el animal deambule sin control y tolerar o inducir ataques a personas, otros animales o bienes.

La Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal, también sirve de base legal. Su artículo 18 es la herramienta que faculta a las administraciones para imponer llamados de atención, puesto que prohíbe cualquier actividad que comprometa la seguridad, la tranquilidad o la salud de los vecinos.