¿El recorte de $13,8 billones anunciado por el gobierno sería suficiente para corregir el déficit fiscal?

El recorte presupuestal de $13,8 billones anunciado por el Gobierno Nacional representa un primer paso en el ajuste de las finanzas públicas, pero podría quedarse corto frente a los desequilibrios fiscales que enfrenta Colombia.

De acuerdo con Christian Junot Quiñónez, CEO de Clevertax Assessment, considera necesario un esfuerzo más amplio para reducir la presión sobre la deuda pública.

Uno de los aspectos que genera preocupación es la diferencia entre el recorte anunciado finalmente y las cifras que el Ejecutivo había contemplado en etapas anteriores.

¿Por qué el recorte presupuestal pasó de $45 a $13,8 billones?

Inicialmente, se habló de reducir $45 billones del presupuesto y, posteriormente, la propuesta se ajustó a $25 billones. Sin embargo, el monto definitivo quedó en $13,8 billones.

Para Quiñónez, esta reducción progresiva de las expectativas refleja las dificultades que enfrenta el gobierno para disminuir el gasto estatal, debido a que una parte importante de los recursos ya está comprometida y no puede modificarse fácilmente.

Además, señaló que la rigidez presupuestal constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar un ajuste fiscal de mayor magnitud. Los compromisos existentes limitan la capacidad del gobierno para recortar gastos y avanzar en el cumplimiento de sus objetivos financieros.

Aunque el recorte anunciado busca contribuir al ajuste, su alcance debe evaluarse frente al tamaño de los compromisos estatales.

Las metas de recaudo presupuestal para 2027

A las dificultades para reducir el gasto se suma la incertidumbre sobre el cumplimiento de las proyecciones de ingresos tributarios. Quiñónez advirtió que las metas previstas para 2027 son elevadas.

El cumplimiento de esas proyecciones será determinante para la estabilidad presupuestal. Si los ingresos tributarios terminan por debajo de lo esperado, el gobierno dispondría de menos recursos para responder por sus obligaciones y tendría que afrontar mayores necesidades de financiación.

La combinación de un recaudo inferior al proyectado y un gasto público con escaso margen de reducción podría ampliar la brecha entre los ingresos y los desembolsos del Estado, dificultando el cumplimiento de las metas fiscales.

Otro de los riesgos está relacionado con las consecuencias de mantener un déficit fiscal elevado. Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, el Estado puede recurrir al endeudamiento para financiar la diferencia.

Quiñónez considera que el recorte de $13,8 billones no debe analizarse de manera aislada, sino como parte de una estrategia que también contemple la eficiencia del gasto público y la capacidad real de la administración tributaria para recaudar los recursos previstos.