EE. UU. cambia reglas: nuevo requisito para visas de turismo y negocios desde septiembre
Estados Unidos anunció un nuevo requisito para las visas de turismo, negocios y estudio: desde septiembre de 2025 solo podrán tramitarse en el país de residencia o nacionalidad.
Noticias RCN
01:26 p. m.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un cambio clave en el proceso de visas de no inmigrante (NIV) que afecta directamente a turistas, estudiantes y trabajadores temporales.
Desde el 6 de septiembre de 2025, quienes deseen aplicar a este tipo de visados deberán demostrar que residen en el país desde donde hacen la solicitud, lo que marca el fin de la posibilidad de tramitar la entrevista en terceros países.
Restricción para entrevistas en terceros países
Con la nueva política, los solicitantes solo podrán agendar su cita en la embajada o consulado de Estados Unidos de su país de ciudadanía o residencia legal.
El Departamento de Estado advirtió que quienes intenten hacerlo en otro país “podrían encontrar que será más difícil calificar para la visa”.
Además, enfatizó que las tarifas de solicitud “no serán reembolsadas ni transferibles” en caso de cancelación.
Aunque algunas entrevistas previamente agendadas podrán mantenerse, las nuevas solicitudes deberán realizarse únicamente en el país de residencia o nacionalidad.
Se aclaró que habrá excepciones limitadas en situaciones humanitarias, emergencias médicas o razones de política exterior.
¿A quién impacta este nuevo requisito?
La medida cubre un amplio rango de solicitantes de visas temporales:
- Turismo y negocios (B1/B2)
- Estudiantes y programas de intercambio (F, M, J)
- Trabajadores temporales (H-1B, O-1, entre otros).
Hasta ahora, muchos solicitantes aprovechaban la flexibilidad de pedir citas en países con menor congestión, algo que se volvió habitual durante la pandemia.
Sin embargo, el Departamento de Estado busca centralizar y ordenar los procesos, aunque esto suponga mayores tiempos de espera en algunos consulados.
Así las cosas, Estados Unidos pretende reforzar la transparencia en los trámites y limitar prácticas que, según la entidad, podían generar inequidad entre solicitantes.