Fedesarrollo cuestiona el modelo de transferencias de recursos que se discute en el Congreso

La plenaria del Senado aprobó en sexto debate el proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el Sistema General de Participación (SGP) para departamentos, municipios y distritos.

Proyecto superó el sexto debate

El Senado explica que el SGP “es el mecanismo por el cual el Gobierno nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico”.

Los artículos 356 y 357 de la Constitución presentan los detalles de esta normativa. Actualmente, es de un poco más del 20%, pero el proyecto busca aumentarlo hasta 46.5%.

Con 80 votos a favor y dos en contra, el proyecto superó el sexto de los ocho debates que debe pasar en su trámite legislativo. Inicialmente, se propuso el aumento a 46.5% en una transición de 10 años, pero quedó acordado 39.5% para 12 años.

“Esta ley inició al revés”: presidente de Fedesarrollo

Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, estuvo en Noticias RCN hablando sobre el impacto que tendría este proyecto.

¿Qué pasaría con transferencias del 39.5%? Mejía explicó que habría un problema fiscal por el gasto adicional que podría acercarse a los 40 billones de pesos anuales, cifra similar a dos reformas tributarias.

El gobierno y algunos congresistas han defendido este nuevo umbral, ya no es el 46.5%, que prácticamente duplicaba las transferencias.

Mejía señaló que este acto legislativo vendría de la mano con una ley de competencias que permita trasladar ciertas obligaciones de gasto desde el orden nacional y territorial. En teoría, esto no debería generar impactos fiscales.

No obstante, el presidente de Fedesarrollo tiene un concepto distinto: “El problema con esta teoría es que el aumento en las transferencias es tan grande que no hay forma de transferir competencias a las entidades territoriales sin generar un impacto fiscal”.

El presupuesto que ejecutará el Gobierno en 2025 es de 44 billones de pesos, por tal motivo, Mejía aseguró que el gasto adicional alcanzaría una cifra muy cercana. En consecuencia, se tendrían que trasladar órdenes básicas, como el pago de pensiones, deuda pública o seguridad nacional.

Esta ley inició al revés. En vez de primero hacer un estudio técnico serio sobre cuáles son las competencias que se podrían trasladar para definir un monto de transferencias. Se aprueba un acto legislativo que de entrada dice cuánto se va a transferir y luego deja una tarea sobre qué tipo de competencias se pueden trasladar.

Mejía precisó que el proyecto también traería aumentos en el costo de endeudamiento de la Nación e incumplimiento de la regla fiscal. Las calificaciones entonces caerían.