Gremio del sector eléctrico solicita una mesa de diálogo para aliviar los aumentos tarifarios

El sector de los servicios públicos atraviesa actualmente una coyuntura de incrementos importantes no solo en Colombia, sino a nivel mundial. La inflación y la devaluación de la moneda local ha generado que muchos productos importados y necesarios para la prestación del servicio tengan sobrecostos, que están asumiendo los consumidores finales.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional para subsidiar parte de estos incrementos desde la pandemia, parece no ser suficiente, las tarifas continúan alza y los usuarios siguen siendo los más afectados en este proceso.

La Costa Atlántica es la región que más ha denunciado estos cobros, los inconvenientes con los indexadores, además de los cortes de energía que son un gran problema para los habitantes.

Al respecto, los gremios del sector de electricidad (ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG y ASOCODIS,) se han reunido para enviarle un mensaje a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, solicitándole una construcción en conjunto de medidas sostenibles en el largo plazo que beneficien y alivien al usuario final.

La propuesta de las agremiaciones es una mesa de diálogo donde se consoliden medidas que mitiguen el impacto de los aumentos tarifarios significativos pero que no pongan en riesgo los costos de prestación de servicios.

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Propuestas concretas:

• Medidas de los generadores en el corto y mediano plazo:

La financiación por parte de agentes de la cadena de prestación del servicio, de una proporción de las componentes de la tarifa correspondientes a generación (G).

Limitar temporalmente el incremento esperado del IPP en los contratos de compras de energía a un porcentaje máximo.

• Medidas de los transmisores en el corto plazo:

La financiación por parte de agentes de la cadena de prestación del servicio, de una proporción de las componentes de la tarifa correspondientes a transmisión (T).

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• Otras medidas:

Revisión y análisis de impactos sobre la modificación de los indexadores en todos los componentes de la fórmula tarifaria, con el fin de definir si es adecuado o no su replanteamiento.

Revisión integral de otros componentes tarifarios que afectan la tarifa de los usuarios, tales como los de pérdidas (entendiendo que este es el componente que más ha crecido en la Costa Atlántica) y restricciones, considerando las particularidades de cada región y los periodos regulatorios respectivos.

Por último, en el mismo documento el gremio aclara a la opinión pública que el peso de la tarifa del componente de Generación (G) es en promedio, para todo el país, el 35%, no el 60% como se ha anunciado en algunas publicaciones.

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“Todas estas medidas pueden ser implementadas entre el ministerio de Minas y Energía y los agentes del sector, y se pueden materializar rápidamente por esta vía. Las iniciativas legislativas tardarían mucho tiempo para que el usuario pueda ver un beneficio en su factura y pueden poner en riesgo la prestación del servicio por ser antitécnicas y de carácter coyuntural”, afirmó Natalia Gutiérrez, presidente Ejecutiva de Acolgen.