¿Hasta qué edad deben los padres en Colombia responder por la manutención de sus hijos?
Aunque la mayoría de edad marca un cambio importante en la vida de los hijos, en Colombia la obligación de los padres de pagar la cuota alimentaria puede extenderse.
Noticias RCN
11:35 a. m.
En Colombia, la cuota alimentaria es un derecho fundamental diseñado para garantizar el bienestar de los hijos, regulado por el Código Civil y la jurisprudencia nacional.
Esta obligación recae sobre los padres y se extiende más allá de la mayoría de edad bajo ciertas condiciones, según las disposiciones legales vigentes.
¿Qué determina el límite de la obligación alimentaria en Colombia?
Aunque muchos piensan que la responsabilidad de los padres termina cuando los hijos alcanzan los 18 años, en Colombia esta obligación puede extenderse hasta los 25 años.
Sin embargo, esta extensión aplica únicamente si los hijos están cursando estudios académicos y no tienen recursos económicos suficientes para sostenerse. Este aspecto busca fomentar la educación superior y la autonomía financiera.
Por otro lado, si un hijo presenta alguna discapacidad física o mental que le impida mantenerse por sí mismo, el deber de los padres de proporcionar alimentos permanece hasta que se supere la situación que origina la dependencia.
¿Cómo se fija la cuota alimentaria en Colombia?
La cuota alimentaria puede ser acordada entre las partes o determinada por un fallo judicial. En cualquiera de los casos, el monto se calcula según los ingresos del padre o madre responsable y puede alcanzar hasta el 50% de los mismos.
Además, las Comisarías de Familia o Centros de Conciliación legalmente autorizados son las instancias encargadas de fijar o ajustar esta obligación en caso de conflictos para proteger precisamente la cuota alimentaria.
Este derecho cubre más que los alimentos como tal; incluye vivienda, vestuario, educación, salud y recreación, aspectos esenciales para el desarrollo integral de los hijos.
El incumplimiento de la cuota alimentaria en Colombia puede derivar en sanciones legales, como embargos de salarios, bienes o incluso procesos penales, reforzando la importancia de garantizar el cumplimiento de este deber en beneficio de quienes dependen de él.