Impuestos, fraudes y herencia digital: la nueva agenda del mercado cripto en Colombia para el cierre de 2026

Saber si una plataforma está vigilada, qué información recibirá la DIAN, cómo evitar una estafa o quién podrá recuperar los activos cuando muera su titular son preguntas menos vistosas que el precio de Bitcoin, pero mucho más cercanas a los problemas cotidianos de usuarios y empresas. Esos asuntos ganaron terreno en la agenda de la industria de activos digitales de América Latina para el segundo semestre del año.

Reguladores, inversionistas y líderes empresariales de más de siete países de la región se reunirán los días 27 y 28 de agosto en Maloka (Bogotá) durante el Cripto Latin Fest 2026. El encuentro contempla 117 actividades abiertas al público y proyecta movilizar más de US$5 millones en capital semilla, además de concretar entre 15 y 20 alianzas institucionales para fortalecer el mercado.

El frente tributario: Reportes a la DIAN desde 2026

El primer gran eje de debate es el fiscal. A partir del año gravable 2026, los proveedores de servicios deberán recopilar información de clientes y operaciones bajo el Marco de Reporte de Criptoactivos de la OCDE, adoptado por la DIAN, cuyo primer envío masivo está previsto para mayo de 2027.

Sin embargo, los expertos aclaran que se trata de un deber de información y no de un impuesto nuevo. A través del Concepto 5146, la DIAN precisó que el país no cuenta con una definición tributaria especial ni un método exclusivo de valoración para estos activos. Para determinar el patrimonio, costo fiscal e ingresos continúan aplicándose las normas generales. El reto técnico para plataformas y usuarios será organizar soportes contables y evitar que vacíos de lenguaje generen sanciones erróneas.

Alertas por fraude y el limbo de la herencia digital

El segundo pilar busca educar al consumidor frente a los riesgos operativos. A pesar de que Colombia recibió US$44.200 millones en criptoactivos entre julio de 2024 y junio de 2025 —posicionándose como el quinto mercado de Latinoamérica—, el marco legal sigue en el aire tras el archivo del Proyecto de Ley 510 de 2025 Cámara.

Ante este panorama, la Superintendencia Financiera ha reiterado que no regula, supervisa ni autoriza plataformas de criptoactivos en Colombia. Por ello, entidades e industria advierten que una supuesta "licencia de la Superfinanciera" para negociar criptomonedas es una señal clara de estafa.

A esto se suma el problema práctico de la sucesión patrimonial. Si un usuario mantiene sus activos en una billetera privada sin dejar un procedimiento seguro de recuperación, los fondos pueden quedar inaccesibles para siempre tras su fallecimiento. Dejar instrucciones documentadas —sin exponer claves privadas— se ha convertido en una prioridad de planificación familiar.