Nuevo choque entre la Corte Constitucional y el presidente Petro por emergencia económica
En La Mesa Ancha analizamos la reciente decisión de la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto de emergencia económica emitido por el presidente Gustavo Petro, argumentando que violaba el principio de separación de poderes al establecer impuestos sin la aprobación del Congreso. La decisión marca un precedente importante en medio de tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes.
“Básicamente, la Corte le está diciendo a Petro: zapatero a tus zapatos; usted como presidente no puede ponerse a poner impuestos”, explicó Jerome Sanabria, columnista invitada. El decreto buscaba recaudar más de 10 billones de pesos, convirtiéndose en una reforma tributaria encubierta que intentaba sortear la ley de financiamiento previamente rechazada en el Congreso.
¿Qué buscaba el decreto?
La decisión no fue unánime. Los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, nombrados por Petro, votaron a favor de mantener el decreto, generando cuestionamientos sobre la independencia judicial. “No deja de ser agridulce que precisamente los dos magistrados que nombró Gustavo Petro sean magistrados que todo el mundo ha identificado de la línea gobernista”, afirmó Julio César Iglesias.
El fallo genera incertidumbre sobre los aproximadamente 1.8 billones de pesos ya recaudados bajo este decreto. Ciudadanos y empresas que pagaron estos tributos ahora se preguntan qué sucederá con esos recursos, mientras el gobierno enfrenta presiones para cumplir sus compromisos presupuestales.
Dos emergencias económicas al mismo tiempo
Paralelamente, existe otra emergencia económica vigente, decretada por la emergencia invernal en Córdoba, que también incluye recaudos tributarios. Los analistas anticipan que podría enfrentar el mismo escrutinio judicial bajo los mismos argumentos constitucionales aplicados en este caso.
El decreto tumbado incluía medidas controvertidas como un impuesto al patrimonio del 5 % para grandes fortunas y un gravamen de 11.000 pesos por cajetilla de cigarrillo, medida que, según críticos, beneficiaría al contrabando. “Vaya casualidad que, en un gobierno con tantos cuestionamientos por vínculos con contrabandistas, salga una norma de la que los principales beneficiarios son los contrabandistas”, cuestionaron los analistas.
El principio constitucional vulnerado tiene raíces históricas profundas. “No hay tributación sin representación, eso significa que los impuestos tienen que ser aprobados por el Congreso y que no pueden ser por decreto, porque eso nos acerca a la tiranía”, advirtió Iglesias.