Pensionados pagarán menos en sus aportes a la salud
Según información, los beneficiados con la nueva propuesta serán aquellos pensionados que ganan entre dos y tres salarios mínimos.
Noticias RCN
07:47 p. m.
Este 15 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo para el 2023 tendrá un aumento del 16%. Es decir, que ahora, el salario será de $1.307.607, incluido el subsidio de transporte.
Una vez el mandatario confirmó la decisión acordada entre trabajadores, empresarios y representantes del Gobierno, también anunció que para el 2023 fue aprobada una petición que por años han venido solicitando los pensionados.
Las personas que hacen parte de este grupo han pedido en reiteradas ocasiones que su aporte a la salud sea menor al 12% y finalmente, este 16 de diciembre, el ministro de Hacienda confirmó que así será.
Además, la ministra de Trabajo también aseguró que “desde el año 2013 la mesa de concertación de manera unánime y plena había hecho unos acuerdos para proteger al sector de pensionados de Colombia, los asumimos y hemos empezado a trabajar para presentar el artículo que permita que las pensiones que están entre dos y tres salarios mínimos podamos disminuirle su cotización de la salud del 12 al 10 por ciento”.
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¿Quiénes se beneficiarán con la nueva propuesta?
Es importante mencionar que esta propuesta salió de la mesa de concertación que también evaluó las variables de inflación, productividad, desempleo, entre otras, para definir el aumento del salario mínimo y con esto, recuperar el poder adquisitivo de los colombianos.
Actualmente, el aporte a la salud que deben realizar los pensionados corresponde al 12%, pero con la nueva propuesta, quedará en un 10%. Los beneficiados serán aquellos pensionados que ganan entre dos y tres salarios mínimos.
Es decir que, si un ciudadano pensionado gana 2.500.000 pesos, su aporte a la salud del 12% sería de 300.000 pesos. Sin embargo, con la nueva propuesta su aporte será de $250.000.
Según José Antonio Ocampo, aunque la propuesta ya fue aceptada, aún “requiere obviamente un cambio en la norma legal”.
De acuerdo con lo que ha manifestado la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, este cambio le costará al Estado 110.000 millones de pesos.