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Quitarían licencia de conducción a quiénes tengan deudas por cuota de alimentos: esto proponen

Licencia de conducción /Foto: Alcaldía de Bogotá

Conozca de qué trata esta propuesta.


Mateo Alfonso Rey

nov 19 de 2026
06:57 a. m.

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Quienes incumplan con el pago de las cuotas alimentarias de sus hijos en Colombia podrían enfrentar nuevas y drásticas restricciones administrativas relacionadas con la movilidad y la propiedad de vehículos automotores.

Y es que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad, con 24 votos a favor y ninguno en contra, el primer debate de un proyecto de ley que modifica la Ley 2097 de 2021 para impedir que las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) puedan expedir, renovar o recategorizar su licencia de conducción.

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La iniciativa legislativa, de autoría del congresista Miguel Ángel Pinto Rueda, busca endurecer las consecuencias contra los padres y madres morosos sin recurrir necesariamente a medidas privativas de la libertad.

Además del bloqueo en los trámites del pase de conducción, el articulado establece que los deudores reportados en el REDAM tampoco podrán realizar trámites de matrícula ni traspasos de propiedad de vehículos automotores mientras permanezcan en mora con sus obligaciones legales. El objetivo central de esta disposición es evitar que los responsables económicos adquieran bienes o ejecuten operaciones comerciales en el sector automotriz sin haber garantizado previamente el sustento de los menores de edad.

Advertencia a conductores con estas deudas

Según los datos expuestos en el debate, de los 1.738 deudores morosos registrados oficialmente en el REDAM, apenas 63 han pagado o se encuentran normalizando sus obligaciones con niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se advirtió que actualmente más de 50 hombres pagan condenas en centros penitenciarios por el delito de inasistencia alimentaria y más de 1.000 cumplen medida de detención domiciliaria por la misma causa.

Para los impulsores del proyecto, encarcelar al deudor termina revictimizando a los menores, pues una persona privada de la libertad pierde su capacidad para generar ingresos y responder económicamente.

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No obstante, el texto aprobado incorpora una salvaguarda para proteger el derecho al trabajo y garantizar que el deudor pueda conseguir recursos.

En caso de que la persona inscrita en el REDAM demuestre ante la autoridad competente que conducir constituye su actividad laboral principal o resulta indispensable para obtener su sustento —por ejemplo, conductores de transporte público o de carga—, se podrá autorizar, por una única vez, la expedición o renovación provisional del documento.

Durante el trámite en comisión se incluyeron más de 30 proposiciones para fortalecer el proyecto. Entre ellas destaca la solicitud de la bancada del Pacto Histórico para realizar una evaluación obligatoria a los dos años de entrada en vigencia de la norma, con el fin de verificar si las restricciones vehiculares logran reducir la morosidad.

Por su parte, la representante conservadora Delcy Isaza propuso estudiar la ampliación de sanciones hacia el ámbito público, impidiendo que quienes acumulen tres cuotas atrasadas puedan contratar con el Estado o posesionarse en cargos públicos y de elección popular.

Tras superar este primer filtro en la Comisión Primera, al proyecto de ley estatutaria le restan tres debates para convertirse en ley de la República: el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y dos debates adicionales en el Senado.

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