Revelan la fecha clave en la que la Corte definirá el futuro de la reforma pensional

El debate jurídico y político más esperado por millones de cotizantes en Colombia entra en su recta final. La Sala Plena de la Corte Constitucional fijó el próximo martes 25 de agosto como la fecha oficial en la que reanudará el estudio y la votación del proyecto de fallo sobre la controvertida reforma pensional (Ley 2381 de 2024), cuya aplicación permanece totalmente suspendida desde mediados de 2025.

La ley, impulsada por el Gobierno Nacional y aprobada en el Congreso en junio de 2024, no logró entrar en vigencia debido a las múltiples demandas por presuntos vicios de procedimiento que llegaron al alto tribunal. En junio de 2025, la Corte ordenó la suspensión preventiva de la norma para analizar si la Cámara de Representantes había incurrido en irregularidades de trámite durante su aprobación final.

Desde entonces, el Sistema General de Pensiones ha continuado operando bajo el marco de la Ley 100 de 1993, dejando en el aire la transición hacia el nuevo modelo basado en pilares. Ahora, tras más de un año de revisión detallada, impedimentos de magistrados y aclaraciones jurídicas, el tribunal se dispone a deliberar sobre la ponencia presentada por la presidenta de la Corte, la magistrada Paola Meneses.

Los dos escenarios tras la deliberación del tribunal

El pronunciamiento de la Corte trazará el camino del ahorro pensional de los colombianos mediante dos desenlaces posibles:

• Validación del trámite: Si la mayoría de los magistrados vota a favor del proyecto de fallo que avala las correcciones del Congreso, la Ley 2381 reviviría formalmente. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Colpensiones dispondrán de una ventana de adaptación operativa de varios meses para implementar el esquema de pilares.
• Devolución o inexequibilidad: Si el alto tribunal determina que las fallas en el debate legislativo son insubsanables, la reforma podría ser devuelta por segunda vez al Congreso o declararse inconstitucional, lo que obligaría al Gobierno a tramitar un nuevo texto desde cero.

Las fuentes judiciales advierten que la votación no será sencilla. Tras la resolución de impedimentos y la integración de la Sala Plena con ocho integrantes (siete magistrados y un conjuez), existe el riesgo real de una votación dividida 4-4. De registrarse un empate, el reglamento de la Corte exige designar a un segundo conjuez. Ese trámite otorgará hasta 15 días adicionales para la aceptación del cargo, lo que postergaría la decisión final varias semanas más.