Salario mínimo 2026: empresarios sugieren aumento máximo del 7% frente a propuesta del Gobierno Nacional
Analistas de La Mesa Ancha consideran que el presidente Gustavo Petro podría inclinar la decisión hacia el tope más alto.
Este 1 de diciembre formalmente se inició la negociación del salario mínimo para 2026, un debate clave en materia económica que enfrenta al Gobierno Nacional, sindicatos y empresarios. Las cifras de inflación y productividad, que sirven de base para la discusión, se ubican en 5,5% y 0,9% respectivamente, según el DANE.
El Gobierno Nacional planteó un incremento entre el 10% y el 11%, propuesta que fue aplaudida por centrales obreras, pero rechazada por empresarios, quienes sostienen que el ajuste no debería superar el 7%. Centros de pensamiento como Anif y Fedesarrollo también sugieren un aumento entre el 6% y el 7%.
Argumentos técnicos y riesgos de informalidad
El exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, señaló en La Mesa Ancha que un incremento superior al 6,5% podría tener efectos adversos en la economía.
“Ese 6,5% es el costo de vida y la productividad. Si lo hacemos en un mayor nivel, lo que terminamos haciendo es ficticiamente aumentar el ingreso”, explicó, advirtiendo que un alza excesiva ampliaría la brecha con la informalidad laboral, que afecta a más del 55% de los trabajadores en Colombia.
Además, recordó que la reciente reforma laboral, que redujo la jornada semanal de 48 a 42 horas, ya encareció los costos de contratación formal. “Cada hora sale más cara, entonces es una manera distinta de subir el salario”, afirmó.
Debate político y efectos en el empleo
El contexto político también influye en la negociación. Analistas consideran que el presidente Gustavo Petro podría inclinar la decisión hacia el tope más alto, en un año marcado por tensiones electorales.
“Al final el que va a tomar la decisión es Petro”, opinaron analistas en La Mesa Ancha, al calificar el proceso como un “zainete” en el que empresarios y sindicatos negocian bajo presión.
Mientras tanto, los sindicatos defienden que los incrementos recientes no han generado más desempleo, aunque las cifras muestran que el 75% de los nuevos puestos creados este año son informales y de baja calidad. La discusión se centra en cómo equilibrar la necesidad de mejorar ingresos sin afectar la contratación formal ni profundizar la precariedad laboral.