Tarifa de aseo en Colombia: Nuevas reglas en 2027 de un posible alza en los recibos

A partir de 2027, la metodología tarifaria del servicio público de aseo en Colombia experimentará transformaciones estructurales debido a las nuevas directrices impulsadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), lo que podría traducirse en un eventual incremento en los costos reflejados en la factura final de los hogares.

La discusión gira principalmente en torno a la Resolución 1040 dictada por la CRA, marco normativo con el que la entidad busca modernizar el modelo de gestión de residuos en el país.

De acuerdo con el organismo regulador, las modificaciones están diseñadas para impulsar la transición hacia una economía circular, fortalecer el programa nacional de 'Basura Cero' e incentivar la inclusión socioeconómica y dignificación de las organizaciones de recicladores de oficio.

Alerta por el incremento del servicio de aseo

Sin embargo, desde el sector gremial y las empresas operadoras la perspectiva genera honda preocupación. Los voceros de los prestadores señalan que la nueva fórmula para calcular las tarifas podría generar un desfase entre las obligaciones reales de las empresas y los costos reconocidos oficialmente por la regulación.

Uno de los puntos críticos de la controversia radica en el componente de mano de obra y recolección urbana, el cual representa entre el 77 % y el 81 % del costo operativo total del servicio. Las empresas sostienen que, al no alinearse adecuadamente las fórmulas con las variaciones de los costos laborales reales y los gastos de operación a lo largo del tiempo, la sostenibilidad financiera de los operadores se vería comprometida.

Esta situación, advierten, obligaría a realizar reajustes tarifarios que terminarían impactando el bolsillo de más de 36 millones de usuarios a nivel nacional o, en su defecto, deteriorando la calidad del servicio.

Asimismo, representantes del sector privado han expresado reparos sobre los mecanismos de participación ciudadana adoptados durante la construcción del proyecto normativo, solicitando mayor claridad técnica y periodos de transición más flexibles. Argumentan que está en riesgo la seguridad jurídica del esquema tarifario y la viabilidad de las inversiones necesarias para mantener la flota de camiones compactadores y la infraestructura de disposición final.

Por su parte, la CRA defiende la actualización regulatoria manifestando que las fórmulas buscan optimizar la eficiencia del servicio y remunerar adecuadamente la cadena de aprovechamiento. Además, las autoridades recuerdan que los parámetros actualmente en discusión no constituyen un incremento directo automático, sino una reestructuración de los costos de referencia.

El impacto exacto en la factura de cada municipio dependerá de las condiciones locales, las metas de reciclaje alcanzadas y la manera en que cada empresa aplique el nuevo marco tarifario cuando entre en vigencia oficial en 2027.