Dan a conocer las que serán las nuevas tarifas de vigilancia en el país: así quedaron

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia ha anunciado una serie de cambios en las tarifas mínimas aplicables a los servicios de vigilancia en el país, una medida que busca equilibrar las finanzas del sector y asegurar la protección de los derechos laborales de sus empleados.

Esta actualización, que se implementará de forma gradual, responde a la necesidad de las empresas del ramo de afrontar los nuevos costos operativos derivados de las recientes reformas laborales, como la Ley 2466 de 2025 y la Ley 2101 de 2021, que establece la reducción progresiva de la jornada de trabajo.

La decisión de la Superintendencia es vista como un paso crucial para garantizar que las empresas y cooperativas del sector puedan cumplir con sus obligaciones de pago de salarios y prestaciones sociales, en un contexto en el que el costo de la mano de obra se ha incrementado.

La entidad ha señalado que el principal objetivo de esta resolución es “proteger los derechos de los trabajadores y evitar prácticas que puedan afectar la estabilidad laboral”, reconociendo el papel fundamental de los vigilantes en la seguridad ciudadana y empresarial.

Así quedaron las tarifas de vigilancia en el país

Las nuevas tarifas, que empezaron a regir a partir del 1 de julio de 2025, se han estructurado en un esquema escalonado que se extenderá hasta el año 2027.

Para los servicios de vigilancia que operan con personal armado, el valor inicial se fijará en 9,24 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Este monto no será estático, sino que aumentará en varias etapas: pasará a 9,53 SMMLV el 15 de julio de 2025, a 9,77 SMMLV el 25 de diciembre de 2025, a 9,85 SMMLV el 1 de julio de 2026, a 10,21 SMMLV el 15 de julio de 2026 y, finalmente, alcanzará los 10,38 SMMLV el 1 de julio de 2027.

A este valor se sumará un recargo del 10 % para cubrir gastos de administración y supervisión.

Para los servicios de vigilancia sin armas, el modelo de ajuste será similar, aunque el recargo por gastos de administración será ligeramente menor, del 8 %.

Por su parte, las empresas que emplean personal con caninos tendrán un porcentaje adicional del 11 % por concepto de supervisión. La Superintendencia ha diseñado este sistema diferenciado para abarcar las distintas modalidades de servicio, asegurando que cada una opere bajo un marco financiero sostenible.

Una de las particularidades de la resolución es el tratamiento especial para los servicios en el sector residencial de los estratos 4, 5 y 6. Las tarifas para estos conjuntos también se ajustarán de manera escalonada, siguiendo el mismo calendario y porcentajes de incremento que los servicios con personal armado.

Finalmente, la Superintendencia ha aclarado que la resolución entrará en vigor de manera inmediata tras su publicación y que, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011, no se admiten recursos jurídicos en su contra.

Con esta decisión, el sector de la vigilancia privada en Colombia se prepara para una nueva etapa en la que la sostenibilidad financiera y la protección laboral se convierten en pilares fundamentales para su operación.