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Universidades privadas deberán pagar $135.000 millones por impuesto al patrimonio

Las instituciones solicitaron que se les excluya de este tributo, argumentando su carácter de entidades sin ánimo de lucro y su función de servicio público en la educación.


Noticias RCN

feb 28 de 2026
08:49 p. m.

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En medio de las medidas que el Gobierno Nacional está adoptando para enfrentar el hueco fiscal, un decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha generado gran controversia en el sector educativo.

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La disposición obliga a decenas de universidades privadas a contribuir con un impuesto al patrimonio, lo que representa un fuerte impacto en sus presupuestos.

El alcance del decreto

Según el documento oficial, las personas jurídicas cuyo patrimonio líquido sea igual o superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT) deberán pagar este tributo. El patrimonio líquido se calcula tomando el total del patrimonio bruto menos las deudas vigentes del contribuyente en la misma fecha.

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De acuerdo con el Observatorio de la Universidad Colombiana, entre 75 y 80 instituciones de educación superior tendrían que aportar alrededor de 135.000 millones de pesos.

Este monto equivale a unas 14.000 o 15.000 matrículas, lo que se traduce en un golpe significativo para las finanzas de las universidades privadas.

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Impacto en el sistema educativo

Universidades reconocidas como la Externado, la Javeriana, la Pontificia Bolivariana y la de los Andes se encuentran entre las instituciones que deberán desembolsar estos recursos. Voceros del sector han advertido que la medida afecta directamente la sostenibilidad de las universidades privadas, que ya enfrentan limitaciones derivadas de la gratuidad en el sistema público, el cual no está obligado a contribuir con este impuesto.

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Las instituciones han solicitado al Gobierno Nacional que se les excluya de este tributo, argumentando su carácter de entidades sin ánimo de lucro y su función de servicio público en la educación.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha reiterado que la falta de liquidez no exonera del pago de impuestos, dejando a las universidades sin alternativas frente a esta obligación.

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