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Rechazo mundial por condena que recibió doctora venezolana tras criticar el régimen de Maduro

Activistas y ONGs denuncian que la pena supera sentencias por homicidio y representa persecución política tras elecciones del 28 de julio.


Noticias RCN

nov 20 de 2025
03:16 p. m.

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La condena de 30 años de prisión contra la doctora venezolana Marggie Orozco por enviar un audio crítico al régimen de Nicolás Maduro ha generado un rechazo generalizado.

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Activistas, defensores de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales consideran la sentencia desproporcionada y con motivaciones políticas.

La pena impuesta a Orozco supera significativamente las condenas por delitos graves en Venezuela. Según la legislación venezolana, un homicidio intencional contempla penas entre 12 y 18 años de prisión, mientras que un homicidio agravado oscila entre 25 y 30 años.

"Esto lo que demuestra es no solamente lo desproporcionado de la sentencia, sino cómo hay una diferencia cuando se trata de personas perseguidas por motivos políticos", indicó Marino Alvarado, activista de la ONG Provea.

El régimen venezolano acusó a la doctora de incurrir en los delitos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración, cargos que han sido cuestionados por la comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Abogados especializados consideran que esta acción judicial podría constituir una retaliación contra quienes expresan opiniones contrarias al madurismo.

“¿Eso es justicia? No, eso no es justicia. Eso parece que es venganza. ¿Ahora de qué se están vengando? De los resultados electorales que todos conocemos del 28 de julio", afirmó Juan Carlos Apitz, decano de la facultad de ciencias jurídicas.

La pregunta que resuena entre los activistas es ¿hasta cuándo van a tener que seguir soportando la dictadura de Nicolás Maduro?

Cabe mencionar que el caso de Marggie Orozco se suma a una lista creciente de profesionales, activistas y ciudadanos venezolanos que han enfrentado procesos judiciales tras expresar críticas al régimen.

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La severidad de la pena por el simple acto de enviar un mensaje de audio cuestionando al régimen ha sido interpretada por observadores internacionales como un mensaje disuasorio hacia la disidencia política.

Organizaciones de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por el uso del sistema judicial como herramienta de represión política, especialmente en el contexto posterior a las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado ha sido objeto de controversia nacional e internacional.

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