Adultos mayores protestan en Venezuela: pensiones no les permiten comprar ni un pan

La subsistencia de más de seis millones de adultos mayores en Venezuela ha tocado fondo: la pensión mínima legal en el país se ubica hoy en apenas 130 bolívares mensuales, una cifra que equivale a unos 20 centavos de dólar.

Esta asfixia económica, que ni siquiera cubre el costo de "una canilla" (el pan más barato y popular de la dieta nacional), empujó este viernes 29 de mayo a un centenar de jubilados a tomar las calles de Caracas.

Los manifestantes se concentraron ante la sede del ministerio de Educación para exigir una reforma urgente de sus ingresos y frenar lo que catalogan como la destrucción de sus años de retiro.

Ciudadanos empiezan a perderle el miedo a movilizarse:

La movilización refleja un aire de cambio en la atmósfera social del país. Este sector de la población civil se suma a otros colectivos que han comenzado a vencer el temor a la censura y a expresarse en los espacios públicos, un fenómeno que ha tomado fuerza tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero durante una operación desplegada por los Estados Unidos.

A pesar de este nuevo escenario político, el aparato de seguridad estatal se hizo presente: unos veinte agentes policiales vigilaron de cerca la protesta, mientras que otros pelotones se desplegaron estratégicamente en las vías aledañas.

"El gobierno ha deteriorado las cosas. Ahora mucha gente está en silla de ruedas, no podrá venir o tendrá miedo", indicó Noeli Rivero, una vendedora de 64 años que asistió a la marcha, en diálogo con la agencia de noticias francesa AFP.

Ajustes salariales de Delcy Rodríguez son insuficientes para los pensionados:

El malestar de los manifestantes se ha visto alimentado por las recientes políticas salariales del Ejecutivo. En abril, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, decretó un incremento del "ingreso mínimo integral" para la fuerza laboral del sector activo, elevándolo de 190 a 240 dólares mensuales mediante un esquema que integra diversos bonos. Sin embargo, esta estructura de pagos margina notablemente a la población retirada.

Bajo consignas como "pensiones justas" y portando pancartas con mensajes contundentes como "No al exterminio de mi jubilación", los manifestantes alertaron la precariedad de sus hogares. Ejemplo de ello es José Antonio Baute, un profesor jubilado de 63 años. Su asignación mensual es de 1.100 bolívares (cerca de dos dólares) y se complementa con las insuficientes bonificaciones que otorga el Estad. Ante el ministerio, Baute fue claro en su demanda: "Estamos solicitando que nos igualen" con los trabajadores activos.