Ciudadanía argentina podrá obtenerse invirtiendo en el país ¿De cuánto debe ser?
La medida podrá extenderse por un costo adicional al cónyuge e hijos del inversionista.
Noticias RCN - AFP
05:36 p. m.
Un desembolso no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o la suscripción de un título público por 800.000 dólares serán, a partir del cuarto trimestre de 2026, la puerta de entrada para que los inversores extranjeros obtengan la ciudadanía argentina.
Así lo confirmó el Ejecutivo el viernes 2 de octubre, al cierre de la ‘Argentina Week’ en París, un viaje promocional encabezado por el presidente Javier Milei, que dejó importantes anuncios de inversión.
La creación de su Programa de Ciudadanía por Inversión busca reactivar la llegada de capitales en un contexto complejo: según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la inversión extranjera directa captada por Argentina en 2025 fue la más baja entre las principales potencias económicas de la región.
La medida podrá extenderse a las familias de inversionistas por un monto adicional:
El plan no solo contempla al titular principal, también abre la posibilidad de sumar a su núcleo familiar. De acuerdo con información oficial, la ciudadanía se podrá extender al cónyuge mediante un pago de 100.000 dólares y a los hijos menores de edad por 25.000 dólares adicionales. “Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina”, detalló el Gobierno en un comunicado de prensa.
Ante las dudas sobre el origen del dinero, desde la cartera de Economía puntualizaron a través de X que la iniciativa “contempla un proceso de evaluación riguroso (...) garantizando la trazabilidad de los fondos, la prevención del lavado de activos y la seguridad nacional”.
Este incentivo para la captación de recursos coincide, además, con un cambio clave en la legislación inmobiliaria rural. Un fallo de la Corte Suprema ratificó la validez del decreto emitido por el presidente Milei que derogó el límite legal previo del 15%, eliminando de manera definitiva los topes a la adquisición de tierras de uso agrícola por parte de ciudadanos extranjeros.