Condenan a siete delincuentes que asesinaban disfrazados de policías
Los siete pandilleros salvadoreños fueron declarados culpables de asesinar al menos cinco personas vestidos de uniformados.
Noticias RCN
feb 18 de 2019
10:30 p. m.
10:30 p. m.
Una corte de El Salvador condenó este lunes a siete pandilleros, quienes asesinaron al menos a 5 personas haciéndose pasar por policías y vistiendo uniformes. Los hombres ahora enfrentan penas de entre cuatro y 100 años de prisión.
Estas personas fueron condenadas por el delito de agrupaciones ilícitas y por cinco homicidios, entre los que se encuentran las muertes violentas de dos hermanos, cometidos en el año 2015 en la localidad de San Juan Opico, al oeste de El Salvador.
La pena de 100 años de prisión fue para Óscar Ovidio Ramírez, mientras que Aníbal Martínez Aguilar recibió 64 años de cárcel.
Por su parte, Edwin Alexander Landaverde y César Antonio Juárez pagarán 34 años de cárcel cada uno y el resto de implicados estarán en prisión entre cuatro y 10 años.
Según las autoridades de seguridad, la MS13, la pandilla salvadoreña, encabezó en las primeras semanas de enero una "acción deliberada" de elevar la cifra de homicidios con las muertes de miembros y colaboradores disidentes o de estructuras contrarias.
Estos hechos llevaron al Gobierno a suspender las licencias a los policías para incrementar los operativos en las comunidades con mayor presencia de pandillas.
Las "maras", un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en los últimos cuatro gobiernos.
El informe "La nueva cara de las pandillas callejeras: El fenómeno de las pandillas en El Salvador", presentado en 2017 por la Embajada de EE.UU., señala que el 62,4% de los jóvenes que se han unido a estas banda lo hicieron por "ocio" o "amistad".
El Salvador es asediado por las pandillas MS13, Barrio 18 y otras minoritarias, que poseen 60.000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional y a las que el Gobierno atribuye los índices de violencia que ponen al país entre los más violentos del mundo.
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