Contratistas del Gobierno estadounidense no podrán tener políticas de diversidad por decisión de Trump
La medida, de acuerdo con el republicano, busca aminorar costos y “terminar la discriminación racial” que dejaría en “desventaja” a profesionales que no pertenecen a una minoría.
Noticias RCN - AFP
02:41 p. m.
Una cláusula obligatoria de siete párrafos en la que el contratista se comprometa a "no participar en ninguna actividad de DEI que sea racialmente discriminatoria" será, en un plazo de 30 días, un requisito indispensable para cualquier compañía que pretenda trabajar con el gobierno de los Estados Unidos.
Esta medida es el eje central de la orden ejecutiva firmada el jueves 26 de marzo por el presidente Donald Trump, que prohibió a sus contratistas mantener políticas internas para combatir el racismo y el sexismo.
El mandatario republicano justificó la decisión argumentando que tales normativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) disparan los costos de los empleadores, gastos que terminan siendo trasladados al presupuesto federal mediante las ofertas de contrato.
¿Profesionales relegados por os programas de diversidad?
Esta ofensiva contra las políticas de inclusión no se limita al sector privado, pues tras su regreso a la Casa Blanca, Trump ordenó el cierre de los programas de diversidad gubernamentales y puso en licencia remunerada a todos los empleados federales de estas áreas.
Tanto el presidente como sus seguidores sostienen la creencia de que estas medidas relegan a profesionales estadounidenses calificados para contratar, en su lugar, a personas pertenecientes a minorías.
"Mi administración ha hecho un progreso significativo para terminar la discriminación racial en la sociedad estadounidense, incluidas las llamadas actividades de 'diversidad, equidad e inclusión'", dejó por escrito el jefe de Estado en el documento oficial.
Trump mantiene su agenda contra la diversidad en las entidades del Estado:
La nueva directriz entrelaza la restricción presupuestaria con un cambio ideológico en la contratación pública, buscando erradicar lo que el Ejecutivo considera prácticas que atentan contra la meritocracia.
Al prohibir estas políticas en las empresas que dependen de fondos estatales y desmantelar simultáneamente las oficinas internas de diversidad, el gobierno consolida su movimiento más reciente contra la estructura de la equidad laboral.
Con esta firma, el mandatario asegura que busca proteger la eficiencia económica y eliminar las actividades que, bajo su criterio, generan una segmentación racial en el mercado de trabajo de la nación. Por su puesto, la medida no estuvo exenta de críticas ni parece basarse en las cifras de contratación estatal.